Condenan al Ayuntamiento de Vic por pedir demasiado nivel de catalán a un funcionario

BarcelonaEl Ayuntamiento de Vic ha sido condenado por pedir un nivel demasiado alto de catalán para cubrir una plaza de funcionario de la brigada, según considera el juzgado contencioso administrativo número 15 de Barcelona. El ayuntamiento de la capital de Osona convocó un concurso público para la plaza de operario de cementerio y mantenimiento, para la que pedía el requisito de tener un nivel B2 de catalán, un nivel intermedio. Tras la denuncia de Convivencia Cívica Catalana, el juzgado considera que "la elevación del requisito al nivel B2 aplicada de forma indiscriminada no conecta con las funciones" del trabajo y "genera una barrera de acceso con efecto excluyente para quien no acredite ese nivel". Por eso declara nulas las bases y pide concretamente que se pida un A2 de catalán, el nivel básico.

La sentencia, que ha avanzado El Mundo ya la que ha tenido acceso el ARA, analiza qué implica tener el nivel B1 y el A2, y argumenta que "el sitio es eminentemente manual, sin exigencias propias de una interacción lingüística compleja", y que, por tanto, el nivel básico ya es suficiente. La ley dice que, efectivamente, para los procesos de selección de personal es necesario acreditar el conocimiento de catalán, oral y escrito, pero "en el grado adecuado a las funciones propias de la plaza". "Recurriremos contra la sentencia porque creemos que el Ayuntamiento tiene derecho a pedir a las convocatorias públicas un nivel de catalán para garantizar que un funcionario pueda interactuar con fluidez con los ciudadanos, con los compañeros, con las empresas y con la institución, algo que va más allá de un trabajo manual y mecánico. No podemos subestimar el rol que tiene cualquier escala de la administración. Todos los peones, Albert Castells (Juntos).

La sentencia afirma que el Ayuntamiento comete "una discriminación directa por razón de lengua" y le obliga a pagar 1.000 euros. "La exigencia de conocimiento de la lengua cooficial es legítima si es proporcionada y tiene relación con las funciones del sitio", afirma el texto. El juez cree que la exigencia del B2 es desproporcionada, mientras que el Ayuntamiento de Vic cree que el nivel de 4º de ESO para un funcionario es "un mínimo" para "garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía de Vic, de los compañeros de la brigada y de sus superiores".

El Ayuntamiento de Vic, que tiene una concejalía de Lengua, es uno de los que ha desplegado políticas innovadoras para fortalecer el catalán, "políticas que son normales y lógicas de cualquier nación del mundo para garantizar su lengua", defiende el alcalde. Una de las acciones de su plan de fortalecimiento del catalán es "garantizar que el personal de la administración tiene unos mínimos de lengua", incluso los trabajadores subcontratados por el consistorio. "Pido al Govern que en nuestro país las administraciones tengan la autonomía para decidir qué nivel de catalán quieren", afirma Castells, que reconoce que la ciudad de Vic tiene un "amplio currículo de denuncias" españolistas.

La conselleria de Política Lingüística se ha posicionado sobre el caso este jueves afirmando que no tendrá más recorrido: "El sistema de requisitos lingüísticos vigente no se ha visto alterado por la sentencia". El comunicado aseguraba que "hay un amplio consenso social que hay que garantizar que los trabajadores públicos estén capacitados para trabajar y atender a la ciudadanía en catalán, y el Govern está plenamente comprometido".

Soporte unánime

Castells habla de "persecución" judicial en la lengua: "Nos preocupa que se quieran destruir las políticas democráticas utilizando la justicia. No podemos dejarnos intimidar. Llegaremos hasta donde sea necesario", ha afirmado el alcalde, que confía en que cuenta con el apoyo de la mayoría ciudadana. No es el caso de otros ayuntamientos que, ante las denuncias de Convivencia Cívica Catalana, han actuado preventivamente y han rebajado el nivel solicitado para plazas de mantenimiento del B1 en el A1, que es el nivel más bajo que existe. Convivencia Cívica se ha dedicado a impugnar las convocatorias públicas de distintos municipios, según El Mundo, como Barcelona, ​​Hospitalet de Llobregat, Lleida o Mollet del Vallès.

Las entidades de lengua y municipales han defendido la actuación del consistorio. Òmnium Cultural denuncia el "desconocimiento" lingüístico del juez porque el B2 "es el mínimo para garantizar el derecho a ser atendido y trabajar en catalán", y han añadido a X: "Es hora de hacer cumplir los derechos lingüísticos ante unos jueces que quieren convertir al catalán en innecesario y marginal". Plataforma por la Lengua enmarca el caso en "la ofensiva judicial contra el catalán" y tilda la sentencia de "supremacista" porque marca "unos ciudadanos de primera y segunda", según Rut Carandell, directora de la entidad. Además, recuerdan que lo que debe ponerse en el centro son "los derechos de los ciudadanos y los derechos lingüísticos, y lo que hay que adecuar es el requisito de lengua para satisfacer estos derechos, no al revés". Carandell también recordó que la sentencia, escrita en castellano, la redactó un juez que no tiene ningún requisito de lengua para ejercer en Catalunya.