Los casos de denuncias de carácter sexual que afectan a la política están causando dos géneros editoriales interesantes. Pesa sobre el director adjunto operativo de la Policía una acusación de violación (y posterior coacción) y La Razón pide la cabeza de Grande-Marlaska: “El cese obligado de un ministro escapista”. El caso aún debe sustanciarse, pero el diario ya ha decidido que el número uno de Interior debía estar al tanto de los asuntos sexuales de su subordinado porque eran un secreto del dominio público. Obviamente, si afectara a un cargo del PP esgrimirían la presunción de inocencia y toda la artillería habitual.
Me parece más interesante lo que hacen en la otra orilla. El editorial de El País se titula “Caiga quien caiga” y, por el título, parecería que el diario de Prisa está dispuesto a dejar caer al ministro si se demuestra que tenía conocimiento del caso y prefirió mirar a otro lado. Pero, en realidad, a pesar de la declaración de intenciones encendida del título, el texto intenta todo el rato desactivar esta posibilidad: “El ministerio ha actuado por el momento con rapidez y contundencia”, “El ministro ha elevado el listón en la respuesta política ante hechos de esta gravedad”, “El PP ha acusado sin pruebas de forma exagerada al ministro de ocultar los hechos”. La guinda es que el editorial acaba haciendo un “y tú más” recordando el caso que afecta al alcalde popular de Móstoles, pero al mismo tiempo dice que los partidos no deberían tirarse estos casos a la cabeza. (¡Claro, ya lo hacen los diarios!) Yo no sé si el ministro sabía, no sabía o dejaba de saber. Lo que sí sé es que las mujeres tienen que sobrevivir en un país con una alta prevalencia de tortícolis: cada vez que aparece un caso así resulta que todo el mundo lo conocía o había oído campanas... menos los responsables directos, que deambulan por los pasillos del poder inevitablemente con el cuello girado.