El análisis de Antoni Bassas: 'De qué hablamos cuando hablamos de la detención de Josep Costa'

¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la detención y posterior puesta en libertad del ex vicepresidente primero del Parlament Josep Costa? Vale la pena que lo recordemos, porque hace tanto tiempo que la política de este país pasa por los juzgados que es fácil que nos perdamos, e incluso que ya no le demos importancia.

Este es Josep Costa, ayer, a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en Barcelona. Aparentemente, la noticia es que los Mossos lo detuvieron por orden de la juez, porque había sido citado a declarar y no se había querido presentar. Si alguien no se presenta cuando el juez lo ordena es normal que lo vayan a detener. Lo que pasa es que la jueza lo solicitó el 15 de septiembre y ayer era 27 de octubre. Ha pasado un mes y medio, casi. En todo este tiempo, Costa ha cogido un montón de aviones y no ha tenido problemas con la policía en ningún aeropuerto. ¿Qué pasaba ayer? Que era 27 de octubre, cuarto aniversario de la proclamación de la independencia. Y no hay casualidades. La justicia manda un mensaje.

Pero vamos más al fondo del asunto. ¿Por qué Costa no se quería presentar ante la jueza? Porque dice que no reconoce la competencia del tribunal para juzgarlo. Alguien puede decir "Muy bien, pero te guste o no te ha tocado este tribunal". Y aquí es donde hay que recuperar el origen de todo. A Josep Costa lo citan a declarar como miembro de la mesa del Parlament de la anterior legislatura, la que presidía Roger Torrent, por haber permitido que el Parlament tramitara en 2019 varias resoluciones a favor de la autodeterminación y de la reprobación de la monarquía. Es decir, en el Parlament, los políticos no pueden aprobar resoluciones a favor del derecho a que Catalunya decida si quiere ser un estado independiente o condenando a la monarquía española. Si no es en el Parlament, o en el Congreso, ¿dónde se puede hacer esto en España? Si nuestros electos no pueden tratar la autodeterminación o la monarquía, es que tenemos una democracia vigilada, tutelada. Y esto es inadmisible. Por más que no nos resulte nuevo, el caso de Josep Costa es inadmisible.

Porque, además, democracia tutelada tenemos para mucho tiempo. Que se lo pregunten a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no independentista, que ha corrido a retirar el escaño a un diputado de Podemos encausado sobreinterpretando una resolución del juez Marchena, del Tribunal Supremo.

La democracia seguirá estando tutelada en España. Ya han visto el tipo de pacto al que han llegado PSOE y PP para renovar el TC, el Tribunal Constitucional: han puesto a Concepción Espejel, una magistrada amiga íntima de María Dolores de Cospedal, Concha “de toda la vida”, tan íntima que la tuvieron que apartar del caso Gürtel de corrupción que afectaba al PP. Pusieron a Enrique Arnaldo, hombre que está grabado en una conversación diciendo que maquinaba para que pusieran a alguien afín al PP como fiscal general del Estado, y que ha colaborado con la FAES, la fundación de ideas del PP. 

Con una mayoría como esta, el Tribunal Constitucional no será el tipo de tribunal del que todo el mundo espera qué resolverá porque es un grupo de juristas independientes que velan por nuestros derechos. Al contrario, será un tribunal previsible y, probablemente, de parte. Si hace unos años todo era ETA, ahora muchas cosas son delito o son inconstitucionales. Esto es lo que hay.

Un recuerdo para los exiliados y para los represaliados. Y que tengamos un buen día.