No cabe duda de que las medidas anticrisis aprobadas por el gobierno español, primero a causa de la pandemia y después por la guerra en Ucrania, han logrado paliar, al menos en parte, el efecto de las subidas de precios en las economías familiares. El ejemplo más evidente es el del precio de la electricidad, que llegó a dispararse al inicio de la invasión rusa y obligó al gobierno español a reducir drásticamente los impuestos asociados para intentar minimizar el impacto sobre las familias. De los más de 200 euros/MWh se ha pasado a sólo 36 y de una inflación superior al 10% se ha pasado a una en torno al 3%. España ha gastado mucho dinero en intentar contener los precios y ahora, una vez normalizada la situación, hay que volver poco a poco a la situación anterior. Ahora bien, retirar todas las ayudas de repente habría supuesto un choque para la economía, con un posible efecto rebote a la inflación, por lo que hay que hacerlo de forma gradual, con un aterrizaje suave, tal y como se ha planteado en el consejo de ministros de este miércoles.
También es hora de hacer balance para ver cuáles de las medidas han tenido un impacto positivo no sólo en términos de inflación, sino de sostenibilidad de la economía, y cuáles eran meramente coyunturales e incluso contradictorias con los objetivos de la Agenda 2030. Un claro ejemplo de lo segundo serían las ayudas al combustible para los transportistas, ya que no tiene sentido que el estado subvencione el consumo de energía de origen fósil y , por tanto, contaminante. Pero se hizo para evitar que miles de autónomos perdieran poder adquisitivo. Y un ejemplo del primer caso serían las bonificaciones al transporte público, que se mantendrán de manera general durante el 2024 y que debería estudiarse la forma de convertirlas en una política permanente por sus efectos positivos en muchos ámbitos, pero ejemplo en la reducción de la contaminación (al igual que no tiene sentido mantener la gratuidad de las autopistas).
Sea como fuere, el retorno de las reglas fiscales en el ámbito europeo obligará a políticas de alcance mucho más quirúrgico para llegar a las personas que realmente lo necesitan, y por eso es necesario contar con estudios solventes sobre el impacto de las políticas públicas. Es una buena noticia que no se pueda desahuciar a familias vulnerables, pero también debe ser mucho más fácil acceder y poder demostrar esta situación de vulnerabilidad.
En el ámbito más macroeconómico, resulta interesante la opción de ofrecer incentivos fiscales a las grandes energéticas para forzarlas a invertir en economía verde a la vez que se mantiene el impuesto sobre los beneficios caídos del cielo. Sánchez sigue así con una suerte de política del palo y la zanahoria con las grandes empresas, aunque en esta maniobra se ve claramente la mano del PNV detrás.
Finalmente, cabe apuntar que el decreto deberá convalidarse en el Congreso y, por tanto, necesitará el apoyo de todos los socios de Sánchez sin excepción. Ésta será la dinámica de la legislatura: proyectos legislativos que seguramente no dejarán a nadie satisfecho al 100% pero que deben encontrar el punto de equilibrio entre, por ejemplo, Podemos y el PNV.
