En paralelo a la causa del Tsunami Democrático, también sigue pendiente el juicio por los preparativos del referendo. Un juicio que fue aplazado por el adelanto electoral del 12-M y que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) quiere fijar fecha de nuevo. Así lo ha notificado a las partes, para que se presenten a las 10 de la mañana de este viernes para ver su disponibilidad de calendario. En esta causa están investigados Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga. La Fiscalía pide siete años de cárcel para Jové, y seis años y tres meses para Salvadó, por los delitos de desobediencia, prevaricación administrativa y malversación agravada. A Garriga también le acusa de un delito de desobediencia, que no implica prisión pero sí inhabilitación.
El juez García-Castellón deja en libertad a Marta Molina
La dirigente republicana ha sido la única encausada por Tsunami que se ha presentado a declarar en la Ciudad de la Justicia
BarcelonaEl juez Manuel García-Castellón ha dejado en libertad a la dirigente de ERC, Marta Molina, tras declarar en la causa del Tsunami, sin decretar ninguna medida cautelar. La secretaria de movimientos sociales de ERC sólo respondió a las preguntas de su abogada, Marina Roig, en una declaración breve, de unos cinco minutos. Molina ha dicho que no hizo ningún llamamiento a acciones violentas y que sólo conoció a los comunicados de Tsunami a través de la prensa tras reiterar que el independentismo es un movimiento pacífico.
García-Castellón tenía en sus manos este miércoles que volviera a haber presos políticos en España, pero ha decidido no encarcelar provisionalmente a la dirigente republicana después de que las acusaciones particulares no hayan reclamado medidas cautelares. Tras la concesión de los indultos y de las condenas no ejecutadas en Adrián Sas y Dani Gallardo (en la clandestinidad), el magistrado de la Audiencia Nacional podía volver a encarcelar a otra dirigente independentista seis años después de que Carme Forcadell y algunos consejeros del 1-O fueran recluidos. Molina ha sido la única citada este miércoles que ha comparecido en la Ciudad de la Justicia para declarar por videoconferencia como investigada por terrorismo en la causa de Tsunami Democrático.
"Soy consciente de que puedo entrar en prisión, pero alguien tiene que mirarles a los ojos y que les cuestione acusaciones tan absurdas", decía este mismo martes durante la presentación de su grupo de apoyo, acompañada por representantes de todos los partidos independentistas. Este miércoles, antes de entrar a declarar, también ha recibido el calor de miembros de todas las formaciones y entidades independentistas, junto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al frente.
![Marta Molina, junto al presidente Pere Aragonès, antes de entrar a declarar](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 5472 3648"%3E%3C/svg%3E)
Las otras cinco personas citadas a declarar por videoconferencia desde Barcelona, que se encuentran en el exilio o en el extranjero, no se han presentado por el temor de ser encarceladas ante las penas de cárcel tan elevadas que reclama la acusación popular ejercida por la extrema derecha. Es el caso del exconseller de ERC Xavier Vendrell, que pidió declarar desde Colombia y se lo denegaron, pero también del ingeniero Jaume Cabaní, que se ha ido a Bélgica, y el periodista Jesús Rodríguez, el miembro de la junta de Òmnium, Oleguer Serra, y el empresario Josep Campmajó, los tres exiliados en Ginebra. Campmajó ha justificado este miércoles su ausencia: "La decisión de España de permitir que algunos jueces hagan política, me empujó a responder con el exilio. Y me lleva también, hoy, a decidir no declarar ante un tribunal político", ha escrito en X.
Tras su incomparecencia, el juez pedirá a la Fiscalía que se pronuncie sobre la posibilidad de emitir órdenes de búsqueda y captura contra los cinco, según informó la agencia Europa Press. Sin embargo, hasta ahora lasautoridades suizas no han colaboradocon García-Castellón en esa causa.
El juez sí aceptó aplazar la declaración de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y de Oriol Soler, porque sus abogados alegaron que les coincidía con otro juicio, así como de Josep Lluís Alay, por prescripción médica. La declaración del expresidente Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg será a mediados de junio, también por videoconferencia, pero sin necesidad de realizarla desde Barcelona.
Las defensas de Alay, Vendrell, Serra y Campmajó habían presentado recursos para que las declaraciones fueran suspendidas, pero García-Castellón este mismo martes las dejó sin efecto dando un plazo de dos días a las partes para que se pronuncien sobre los recursos cuando la declaración ya hubiera pasado.
El juez de la Audiencia, el ariete de la derecha contra la amnistía, reactivó por terrorismo la causa justo cuando se acordaba la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la aprobación de esta ley, sin que haya llamado a declarar a nadie en calidad de investigado hasta ahora, justo cuando falta una semana por el entrada en vigor de la medida. De hecho, los representantes de Junts, ERC, la CUP y los comunes que se han solidarizado con Molina a las puertas del tribunal han acusado al juez de intentar obstaculizar la ley de amnistía.
"Quieren boicotear la amnistía", ha denunciado el presidente de Òmnium, Xavier Antich. "Los jueces quieren venganza, no pueden contenerse", ha añadido el presidente de ERC, Oriol Junqueras. A su vez, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha denunciado la "obsesión" de la justicia contra el independentismo, mientras que la cupera Laia Estrada ha tildado a García-Castellón de "hooligan de la extrema derecha".
