Ayuntamientos sin dinero: un problema endémico
El problema de la financiación de los ayuntamientos es estructural y viene de lejos. Las sucesivas reformas en su financiación no la han resuelto. Sigue siendo la administración menos dotada económicamente. Y, en cambio, es la más cercana al ciudadano y, por tanto, la que nota más los problemas del día a día de la gente y siente, pues, la inmediatez de la presión popular. Por eso los ayuntamientos tienden a hacer más de las que, a derecha ley, les corresponden. Acaban asumiendo servicios como los de guarderías, residencias de ancianos u oficinas de empleo, además de cuestiones culturales, deportivas y de medio ambiente, entre muchos ejemplos más que se suman a cuestiones centrales como la limpieza, la seguridad, el alumbrado o el transporte. Se calcula que prestan entre un 15% y un 20% de servicios que deberían dar los gobiernos autonómicos o el Estado. En Cataluña, debido al ahogo económico endémico que también sufre el gobierno de la Generalitat, esta labor de sustitución es muy relevante y persistente. El esfuerzo del gobierno catalán en apoyo de los ayuntamientos se ha ido reduciendo.
Toda esta coyuntura es la que ha llevado en períodos de crisis al ahogo económico de muchos municipios, una situación que fue especialmente crítica entre 2012 y 2015 y que ahora, a remolque de la pandemia y de la inflación de precios por la guerra de Ucrania, se vuelve a notar. Esto no quiere decir que parte de la responsabilidad –o de la irresponsabilidad– no se deba también a malas prácticas con políticas de gasto frívolas, laxas o directamente populistas de los gobiernos municipales. La burbuja inmobiliaria trajo ingresos extras no estables que acostumbraron a muchos municipios a un dopaje irreal. Luego vino el batacazo.
Y todavía hay otra cuestión a tener en cuenta, el campanilismo: el exceso de administraciones locales (demasiados ayuntamientos pequeños, más los consejos comarcales y las diputaciones), un minifundismo administrativo que dificulta la buena gestión (sobre todo en los casos más micro) y en especial la coordinación mancomunada de servicios esenciales. No todo el mundo debe tener un polígono industrial, un polideportivo cubierto, una piscina, etc.
Pero a pesar de todas estas incongruencias, lo cierto es que estamos ante un problema de fondo que, a pesar de ser ampliamente sabido y reconocido, no se resuelve. Ahora mismo, tal como damos a conocer en el ARA, hay una treintena de municipios –27 en concreto– con remanentes de tesorería negativos (en otras palabras, en números rojos), que a menudo no se pueden resolver ni con subidas de IBI ni con recortes de servicios o estructura. Todo tiene un límite.
A partir de un 75% de deuda, los municipios quedan por ley bajo tutela financiera de la Generalitat, una situación en la que hoy se encuentran 15 municipios catalanes, 8 de los cuales están por encima del 76% y 7 superan el 100% de endeudamiento respecto a sus ingresos ordinarios.
Pasan los años, pasan las reformas, cambian los partidos de gobierno, y muchos ayuntamientos de todos los colores siguen haciendo la vivo-vivo como pueden. Los municipios necesitan una financiación más justa que revierta en la ciudadanía.
