Durante los años del Proceso, en Madrid se acusó a menudo a los independentistas de practicar la deslealtad institucional, pero nunca, nunca, a un presidente de la Generalitat se le ocurrió rechazar una invitación de un presidente español para visitar la Moncloa, que es justo lo que acaba de hacer la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El gesto puede parecer trivial, una forma más de acaparar titulares y atención mediática, pero va mucho más allá y es de gravedad extrema. Es la demostración de que Ayuso no respeta las más mínimas normas de cortesía institucional y que no acepta la legitimidad de un presidente del gobierno elegido por los votos de los diputados en el Congreso de los Diputados. Si Ayuso no respeta los resultados de las elecciones del 23 de julio del 2023, no está respetando la Constitución y tampoco la democracia. De alguna manera es como si se hubiera declarado en rebeldía institucional, aunque a nadie se le ocurrirá esta vez aplicar el artículo 155.
En política alguien puede caerte mejor o peor, pero cuando se ocupa un cargo institucional se representa a toda la población, en este caso todos los madrileños, y no se puede renunciar a este papel de representación porque esto supone hacer dejadez de funciones. Un presidente autonómico ejerce de representante ordinario del Estado en su territorio, y su obligación es relacionarse de forma leal con el resto de instituciones, porque muchas de las cosas que afectan a los madrileños dependen del gobierno español, con quien se debe mantener interlocución al margen de los colores políticos, tal y como han hecho el resto de presidentes autonómicos del PP.
Ahora el problema es de Alberto Núñez Feijóo, que vuelve a ver cómo la presidenta madrileña desafía sus instrucciones y actúa por libre, al margen del funcionamiento institucional ordinario en el que se mueven sus compañeros. Como siempre, Feijóo intentará mirar hacia otro lado y renunciará a abrir un frente contra Ayuso, no sea que le ocurra como a su predecesor, Pablo Casado. Y una vez más se pondrá en evidencia su falta de liderazgo, su supeditación a la estrategia ideada en la Puerta del Sol por Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, y que cada vez roza más los límites de la legalidad tras superar con creces los de la ética.
La última iniciativa de este tándem es forzar a la pareja de la presidenta madrileña a presentar una querella contra dos ministros por haberle tachado de "delincuente confeso", ya que su abogado admitió la comisión de dos delitos fiscales por intentar llegar a un acuerdo con la Fiscalía y evitar la cárcel. ¿De verdad se debe arrastrar a un particular a una guerra judicial política contra el gobierno español? O quizá simplemente se busca desviar la atención sobre lo crucial en esta cuestión: ¿puede un presidente autonómico, que cobra tributos a todos sus ciudadanos, intentar tapar el fraude fiscal de su pareja? ¿Se ha beneficiado Ayuso de ese dinero no declarado, por ejemplo con la compra del piso donde ahora vive la pareja?
Es probable que todo ello no sea más que una estrategia para no tener que responder a estas preguntas tan incómodas.
