Bruselas muestra "preocupación" por las críticas contra los jueces en España

BruselasBruselas se ha hecho eco del pulso que mantiene el gobierno español con parte de la judicatura y alerta de la "presión indebida" que reciben algunos jueces por parte de la Moncloa y de parlamentarios. En el informe anual sobre el estado de derecho a todos los estados miembros de la Unión Europea, la Comisión Europea también muestra preocupación por el "riesgo" que supone para "la confianza de la ciudadanía en la judicatura" que varios políticos hagan " declaraciones públicas" críticas con la justicia española. Este toque de atención llega justo después de algunas maniobras de magistrados españoles para evitar aplicar la amnistía y por la investigación del juez Juan Carlos Peinado contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que ha enfadado a las filas socialistas y se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla del PP.

De hecho, la Comisión Europea recoge que esta "preocupación" le ha trasladado también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y varias de las principales asociaciones de jueces de España. En este sentido, aunque coincide en que los jueces "no son inmunes a la crítica y al escrutinio", considera que la confianza en la justicia y en su independencia se ve "dañada" especialmente cuando dirigentes políticos "critican tanto decisiones judiciales individuales como el poder judicial en su conjunto".

Éste no ha sido el único toque de atención de Bruselas al gobierno español. El ejecutivo comunitario también le recrimina que los mandatos del fiscal general y del gobierno español vayan ligados y, por tanto, no cumplan las normas europeas sobre independencia y autonomía de la Fiscalía. Sin embargo, la Comisión Europea ve "algunos avances en el refuerzo del Estatuto del Fiscal General", que excluirá del cargo a personas que hayan ocupado cargos políticos en los últimos años. Además, impedirá que el fiscal general actúe en casos que le afecten personalmente.

En cuanto a la amnistía, Bruselas ha vuelto a evitar entrar en el fondo de la cuestión, pero ha puesto en duda por primera vez las formas en las que se tramitó la ley de amnistía. La Comisión Europea critica que en distintos estados miembros se haya hecho "un uso excesivo de procedimientos acelerados", y pone de ejemplo a España y la medida acordada entre los partidos independentistas y el gobierno español. "Se tramitó por el procedimiento de urgencia, algo que sólo permitió una consulta pública limitada", dice la evaluación del ejecutivo comunitario. En cualquier caso, no cuestiona el fondo de la ley, pese a las presiones del PP en las instituciones europeas.

El informe se limita a constatar que la ley "suscitó polémica" y recuerda que fue objeto de un dictamen de la Comisión de Venecia, que es un organismo jurídico consultivo del Consejo de Europa. Aunque las conclusiones de esta entidad destacan que las amnistías son por definición "restaurativas" y persiguen "la reconciliación política", también advierte que para "no frustrar" estos mismos objetivos no deberían tramitarse "de forma acelerada" y deberían contar con "mayorías calificadas".

Así pues, la Comisión Europea considera que el hecho de que el gobierno español tramitara la ley por un procedimiento de urgencia limitó las consultas a las partes afectadas y al resto de los principales actores políticos y judiciales del Estado. De hecho, la Comisión de Venecia ya pedía sumar más apoyos a la iniciativa y pedía implícitamente involucrar al PP, pero los populares han sido uno de sus principales detractores.

La Comisión Europea también asegura que se mantiene en "contacto" con las autoridades españolas para "recibir más clarificaciones sobre la ley de amnistía", la cual "está siendo analizada". En anteriores ocasiones, el ejecutivo comunitario ya había avanzado que seguía de cerca las negociaciones y la tramitación de ley de la amnistía y que, tras su estudio a fondo, presentará una evaluación detallada sobre esta medida en concreto. Sin embargo, de momento, en el informe anual del estado de derecho sólo ha pasado de puntillas por la amnistía y se ha limitado a poner en duda las formas en que se salió adelante, en la misma línea de lo que había señalado la Comisión de Venecia.

Sin embargo, fuentes de la Moncloa se congratulan de las conclusiones de Bruselas y aseguran que la avala y no incluye ninguna crítica a la ley de la amnistía ni hace ningún tipo de recomendación. Así, consideran que la estrategia del PP de trasladar la batalla contra la amnistía a las instituciones europeas ha vuelto a "fracasar". Cabe recordar que los populares llevaron la medida a la Comisión de Venecia y en diferentes plenos del Parlamento Europeo para discutirla, si bien siempre han obtenido respuestas más bien ambiguas sobre su legalidad, también en lo que se refiere a la propia Comisión Europea.

Cambios en la elección del CGPJ

Más allá de la amnistía, la gran novedad de esta evaluación anual es que, por vez primera en cuatro años, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dejado de ser su principal preocupación de la Comisión Europea. Ha sido a raíz de el acuerdo para renovarlo que el PSOE y el PP cerraron a finales del pasado mes con la intermediación del propio ejecutivo comunitario.

Ahora bien, aparte de la renovación, Bruselas insta a España a desplegar el acuerdo firmado y, por tanto, cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces para próximas ocasiones con el objetivo adecuarlo a los estándares europeos. Es decir, en la práctica, dar más peso a la judicatura en el proceso de elección, tal y como quiere el PP e intenta evitar al PSOE. Sin embargo, el texto del acuerdo es suficientemente ambiguo para no dejar descontenta a ninguna de las dos partes y, aunque se incluye la voluntad de incrementar el poder de los magistrados en la elección del CGPJ, tira la pelota adelante y no pone plazos para obligar a sacar adelante la reforma.