Financiación autonómica

La condonación del FLA no afectará a las finanzas del Estado

La deuda de las autonomías con el fondo ya se considera deuda estatal a ojos de los inversores

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Imagen de archivo de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera

BarcelonaLa condonación de la deuda de la Generalitat con el fondo de liquidez autonómico (FLA) tendría un impacto casi nulo sobre la calidad del crédito de España. La medida, que están discutiendo los partidos políticos de cara a la investidura de Pedro Sánchez, ha levantado críticas por parte de las comunidades que no la han utilizado, especialmente Madrid, al considerar que tendrán que sufragar indirectamente la deuda de otros territorios.

El FLA es el mecanismo con el que el gobierno español da liquidez a las autonomías que no tienen suficientes ingresos para cubrir sus gastos y que no pueden obtener dinero emitiendo deuda en los mercados, como es el caso de Catalunya. Ahora bien, estas transferencias de dinero de las arcas estatales a las autonómicas no son a cambio de nada: las comunidades están obligadas a devolverlas con el pago de un interés añadido.

El FLA ha terminado siendo una herramienta útil para las autonomías, porque les permite pagar menos intereses por su deuda que los que abonarían si colocaran bonos en los mercados. Un informe del servicio de estudios del BBVA estimaba que, sin el FLA, la Generalitat habría pagado un 2,5% de intereses por la deuda de 2022, mientras que con el FLA se le redujo hasta el 1,4% . Todas las autonomías se benefician de la creación del fondo, incluso las que nunca lo han utilizado (Madrid, Navarra y País Vasco), ya que los inversores entienden que es una línea de crédito que tienen disponible y, por tanto, les reduce el riesgo de impago porque siempre pueden acudir a ellos si lo necesitan.

Ahora bien, la principal crítica que hace la Generalitat –y otros ejecutivos autonómicos, como el valenciano– es que, como Cataluña recibe menos de lo que le correspondería a través del sistema de financiación autonómica, acaba siendo un mecanismo perverso, porque Estado deja un dinero al gobierno catalán que debería ser suyo desde el principio si tuviera una financiación más justa. Y, además, le cobra unos intereses que acaban sufragando a los contribuyentes catalanes con impuestos que podrían destinarse a otras partidas.

En cualquier caso, sin embargo, el dinero que recibe del FLA es dinero real, que los gobiernos autonómicos han gastado en sus gastos: pagando sueldos a funcionarios, construyendo carreteras o escuelas, por ejemplo. Como también es una realidad que las comunidades que utilizan dinero del FLA tienen muchas dificultades para devolverlo y se les va acumulando la deuda año tras año. Este hecho le atribuyen justamente a la mala financiación, que da a las autonomías una capacidad muy baja de recaudación de impuestos, pero les impone un tipo de gasto social (los ejecutivos autonómicos gestionan la sanidad, la educación y la dependencia) sobre la que tampoco pueden tener demasiado control.

En el caso catalán, la deuda con el FLA asciende hasta 71.800 millones de los 85.400 millones que debe en total la Generalitat. Una condonación del 20% como la pactada entre ERC y PSOE recortaría también en 1.300 millones los pagos de intereses.

¿De quién es realmente la deuda?

Una condonación de toda la deuda autonómica con el FLA sería una medida extraordinaria, pero que tiene precedentes históricos similares en otros países. Seguramente lo más destacado es la reforma promovida por el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, Alexander Hamilton, que en 1790 logró que el gobierno federal de EEUU asumiera todas las deudas de los estados y emitiera bonos propios para sufragarlos.

Pero si se trata de dinero que sale del Estado y va a parar a unas autonomías que, con el sistema de financiación autonómica actual, no pueden acudir a ninguna parte más, ¿a quién corresponde en realidad la deuda?

En este sentido, ahora mismo la deuda está contabilizada en los balances de los gobiernos de las comunidades, pero proviene de las cuentas del Estado, que en su momento tuvo que endeudarse para obtener el dinero. La fortaleza del Estado y el hecho de tener el apoyo financiero de los programas de compras del Banco Central Europeo hacen que lo que pague el gobierno español por endeudarse siempre sea inferior a lo que pagaría cualquier autonomía.

"Todo el mundo da por supuesto que la deuda es más del Estado que de las comunidades autónomas", dice Guillem López Casasnovas, catedrático de economía de la UPF y experto en economía pública. "Si un hijo pide un préstamo y no tiene capacidad de pagarlo, a quien le pedirá el dinero el banco está a los padres", añade, como analogía. Es decir, el hecho de que esta deuda se contabilice en el balance de la Generalitat o en el gobierno español es bastante "irrelevante", porque todos son administraciones públicas del Reino de España, que es quien va a los mercados.

Las agencias de calificación de deuda coinciden con este análisis y apuntan a que si el gobierno español absorbiera la deuda del FLA, no tendría impacto en sus finanzas. "Si se confirmara [la condonación], el incremento correspondiente de deuda del gobierno central no tendría ningún impacto sobre la calificación crediticia de España, ya que nuestros indicadores presupuestarios de referencia se basan en todo el perímetro general del gobierno, que incluye las cuentas de los gobiernos central y regionales", apunta en una nota la agencia Standard & Poor's (S&P) publicada el martes.

En este sentido, hay que entender que si la Generalitat renunciara al FLA y volviera a emitir bonos en los mercados –lo que ahora no puede hacer–, el hecho de formar parte del Estado le obligaría a tener el visto bueno del Tesoro español , que al final es quien da a los inversores la garantía última de pago. Sería, a todos los efectos, deuda del Reino de España.

Mejora para las comunidades

En cambio, el perdón de la deuda sí beneficiaría a la Generalitat. "Si se implementara, previsiblemente evaluaríamos su impacto en un rango entre neutral y positivo para las calificaciones de las regiones, dependiendo de la magnitud", indica S&P, un hecho con el que coincide López Casasnovas, ya que supondría una descarga para los balances de la Generalidad.

Sin embargo, S&P indica que la condonación es sólo un parche si no se reforma el sistema de financiación autonómica, porque "solo solucionará las consecuencias de los desequilibrios presupuestarios previos. Sin una reforma estructural del sistema de financiación regional, la absorción de la deuda podría mejorar la situación de las regiones sólo temporalmente, pero no evitaría nuevos déficits. También puede generar riesgo moral al disminuir los incentivos de las regiones por poner límites al crecimiento de la deuda en anticipación a potenciales medidas similares en un futuro".

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