Diego Pérez de los Cobos o el arte de difuminarse de un coronel

MadridSi bien es cierto que el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha coordinado la operación del 1-O, no lo es menos que ha salido ileso, o mejor, su nombre se ha difuminado, a la hora de reconstruir lo que ocurrió el pasado domingo.

El estado mayor de esa operación se dio cita en a primera hora de la lluviosa mañana del domingo pasado en lo que sería el cuartel general, el Palau Ramon Montaner, sede desde 1980 de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

En este palacete modernista de la última década del siglo XIX, situado en la calle de Mallorca con Roger de Lluria, se dieron cita el delegado del Gobierno, Enric Millo, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto y el coronel Pérez de los Cobos.

Nieto y Pérez de los Cobos habían participado juntos en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, convocada para la tarde del jueves, día 28 de septiembre, en el Palacio de Pedralbes. Y Nieto ya no regresaría a Madrid hasta el pasado lunes, día 2.

En la jornada anterior a la reunión de esa Junta, el día 27, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercedes Armas, había dictado un auto que determinaría tanto la dirección de la operación del 1-O como la modalidad de la misma.

Nieto y Pérez de los Cobos acudieron a reunirse con Puigdemont, el mayor José Luis Trapero y el conseller Joaquin Forn, con una carta de triunfo. Parecía que la magistrada del TSJC echaba agua a la copa de vino, por así decir, de Puigdemont.

Porque ratificaba en su auto del 27 de septiembre que la operación del 1 debía ser coordinada, contra la opinión de los Mossos d'Esquadra, por el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad; esto, es por Pérez Cobos.

La carrera de Pérez de los Cobos en las instituciones del Estado se remonta a 2006, cuando es nombrado miembro del citado gabinete por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Durante cinco años, Pérez de los Cobos trabaja con el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Cuando Rubalcaba pasa a ser vicepresidente del Gobierno en julio de 2011, Camacho le sucede como ministro del Interior, y nombra, simultáneamente, al hacerse cargo de la cartera, a Pérez Cobos director del Gabinete de Coordinación.

Volvamos a la 27 de septiembre. Además de ratificar a Pérez de los Cobos en la coordinación de las operaciones contra el referéndum, la magistrada Armas dispone dos cosas.

Primero, “impedir, hasta el 1 de octubre, la utilización de locales o edificios públicos -o de aquéllos en los que se preste cualquier tipo de servicio público- para la preparación de la celebración del referéndum".

Y, segundo, “en esa fecha [1 de octubre] se impedirá su apertura, procediendo, en su caso, al cierre de todos aquéllos que hubieran llegado a aperturarse”

Estas medidas según señalaba la magistrada debían hacerse con equilibrio. El auto lo dice como si fuese casi una obviedad: “Y, como no puede ser de otro modo, ello pasa, necesariamente, por adoptar todas aquellas medidas que impidan la consecución del referéndum, sin afectar la normal convivencia ciudadana…”

Esta recomendación está en línea con las normas que España como parte de de las convenciones de Naciones Unidas ha firmado. Por ejemplo, la del Código de Buena Conducta para los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 1979.

El artículo 2, apunta:“ En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”. Y el 3:”Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.

Pero en todo caso, la magistrada Armas no dice a partir de qué hora del 1 de octubre debían los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional impedir la apertura de los centros de votación.

El estado mayor no da instrucciones, por ejemplo, para que se ocupen los locales antes de las ocho de la mañana, es decir, antes de que comiencen a agolparse los ciudadanos para votar.

En otras palabras, cuando hubiese sido fácil impedir la apertura por la ausencia de los votantes: no habría que vencer resistencia alguna y, por tanto, enfrentamientos violentos.

Los hechos ocurren de otra manera. Los Mossos, la PN y la Guardia Civil tienen que enfrentarse a la muchedumbre ya congregada ante los colegios.

Durante la mañana del domingo, según ha podido confirmar ARA, Pérez de los Cobos reúne al jefe Superior de Policía de Cataluña, Sebastián Trapote, al jefe de la Guardia Civil de la zona, el general Ángel Gozalo, y por los Mossos a Ferrán López.

En estas reuniones, que se desarrollan en el Palacete Montaner, alrededor del cual, a una distancia corta, se están desarrollando los acontecimientos, Pérez de los Cobos mantiene varias reuniones con los jefes de las Fuerzas de Seguridad, que vienen con sus informes y se marchan.

El delegado Enric Millò y el secretario de Estado Nieto no participan en las reuniones, pero son informados minuto a minuto de la operación.Millò, según ha confirmado ARA, usa la información que le transmiten para hablar con el presidente Mariano Rajoy, con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y con el ministro de Justicia, Rafael Catalá. A su vez, Nieto mantiene debidamente informado de las incidencias a su superior, el ministro Juan Ignacio Zoido.

La operación busca algunos golpes de efecto, como impedir que el presidente Puigdemont y el vicepresidente Junqueras no puedan votar, para usarlo como un poster para disuadir a los ciudadanos. No lo consiguen ya que la operación será burlada. Pero, además, la brutalidad aplicada tampoco sirve para garantizar el cierre de los colegios. En parte porque los Mossos no querrán alterar a esas horas, con la gente ante los colegios, la “normal convivencia ciudadana”. Y porque las instrucciones no son muy precisas.

La operación dirigida a evitar la reedición de un nuevo 9-N va a fracasar porque las porras, las balas de goma y la lucha cuerpo a cuerpo no logran hacer retroceder a los ciudadanos. Tiene que retroceder la Policía Nacional y Guardia Civil, cuyas instrucciones son poco precisas y contradictorias.

El estado mayor que sigue los acontecimientos desde el Palacete Montaner con el secretario de Estado in situ se muestra impotente.