Un estercolero en un pequeño pueblo del Penedès acaba en un juicio con altas penas de cárcel

BarcelonaEsta historia comenzó en el 2003 en Castellví de la Marca, un pequeño pueblo de 1.500 habitantes del Alt Penedès, y terminará en noviembre del 2024, dos décadas después, en la Audiencia de Barcelona. El protagonista es un estercolero de excrementos de vacas que construyó un empresario ganadero de la zona con el aval del ayuntamiento del pueblo. Una vecina que vive en una masía junto a la construcción denunció que el estercolero estaba demasiado cerca de su casa (con el consiguiente hedor) e incumplía la normativa municipal. Después de años de sentencias y nuevos planes urbanísticos (y con el estercolero de pie) este conflicto se saldará en un juicio este noviembre con la cúpula del ayuntamiento del momento (actualmente no gobiernan) sentada en el banquillo, así como altos cargos del Gobierno, como el director general de Urbanismo.

En la alegación inicial, dirigida al consistorio, la vecina afectada decía que el estercolero, avalado por el ayuntamiento y en construcción, estaba a menos de 100 metros de su casa y que incumplía el plan de ordenación urbanística municipal (POUM). El entonces alcalde del municipio, actualmente ex alcalde, desestimó estas alegaciones y concedió la licencia ambiental al ganadero para que pudiera tener más animales y pudiera construir el estercolero. Este momento de esta larga causa ocurrió en el 2007 y la Fiscalía, en su escrito de acusación, apunta a que el alcalde y la arquitecta contratada por el consistorio "omitieron voluntariamente la realidad existente". Es decir, según el ministerio público avalaron las reformas de la explotación ganadera sabiendo que incumplían el POUM. De hecho, no sólo lo dice la Fiscalía, sino dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y una resolución del consejero de Territorio del momento, que cierran el debate: el estercolero no era legal y debía tirarse en el suelo. Una de las sentencias incluso dice que es "ilegalizable". El ayuntamiento fue recorriendo todas estas sentencias y el resultado siempre fue el mismo. El estercolero sigue de pie en estos momentos.

La clave de todas las consecuencias judiciales, sin embargo, llega en octubre del 2008. Cuando ya eran conocedores de la resolución del conseller vetando al estercolero, el ayuntamiento inició una modificación puntual del POUM del municipio. En concreto, la parte que regulaba los almacenes agrícolas. La nueva normativa sí permitía construir el estercolero e incluso hacerlo mayor. "Esta modificación puntual del POUM se obtuvo con el fin de legalizar el estercolero, que ya estaba construido, y anticiparse a futuras sentencias judiciales que obligaran a su demolición (que acabaron llegando)", apunta la Fiscalía. Desde la defensa de la denunciante consideran que realizaron una reforma del POUM sólo para legalizar el estercolero de un particular –una afirmación con la que coincide la Fiscalía–, y de ahí el presunto delito de prevaricación. El ministerio público pide para el alcalde del momento y la arquitecta del ayuntamiento una pena de dos años y nueve meses de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio en concurso con un delito de prevaricación. La demanda de inhabilitación asciende a ocho años.

Las acusaciones

El relato de la Fiscalía termina en este punto de la historia, pero no el de la denunciante ni el de la acusación popular, la Federación de Ecologistas de Catalunya. Ellos también ponen en el punto de mira al director general de Urbanismo de la Generalitat, todavía en el cargo, y un técnico de Medio Ambiente por haber avalado esta modificación del POUM (es necesario el aval de la comisión territorial de urbanismo) que intentaba legalizar el estercolero. Las acusaciones aseguran que lo hicieron sabiendo todas las sentencias y resoluciones que dictaminaban el derribo del estercolero. Y ambos se sentarán en el banquillo de los acusados, ya que la jueza instructora les ha enviado a juicio pese a la oposición de la Fiscalía, que lo recurrió. De ahí que fuentes de su defensa se muestren optimistas de cara al juicio y afirman que todas las decisiones que tomó el director fueron colegiadas y aceptando las propuestas de los técnicos.

Las demandas de pena, sin embargo, son altas. Sobre todo porque las acusaciones introducen otros dos delitos: uno de tráfico de influencias y uno contra el medio ambiente. En cuanto al primero, aunque hasta ahora no han podido vincular al empresario ganadero con la cúpula de Urbanismo –como podría ser con una llamada mutua o con algún contacto por el estilo–, consideran que debía existir una situación de tráfico de influencias, ya que la modificación del POUM sólo benefició a una única persona: el empresario en cuestión.

El delito contra el medio ambiente va mucho más allá de la construcción del estercolero y la denunciante adjunta un informe de un perito particular que concluye que el agua de los pozos de esta zona agrícola tiene 10 veces más nitratos que el que marca la normativa. Apuntan que lo único que podría provocarlo es esta explotación ganadera, que gracias a la nueva licencia también pasó de tener 680 cabezas de ganado en 1.550. De esta forma, piden para el director de Urbanismo de la Generalitat una pena de seis años y nueve meses de cárcel y una inhabilitación que asciende a 20 años, la misma condena que piden para el exalcalde de Castellví de la Marca. Todo ello se juzgará el 24, 25 y 26 de noviembre en la Audiencia de Barcelona.