“La extorsión no procede de un ayuntamiento sino del gobierno español”
MadridHigini Cierco, uno de los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA), declaró ante la justicia andorrana, que “la extorsión que me comunicó Celestino Barroso, agregado de Interior de la embajada de España, no proviene del Ayuntamiento de Adrall [en Alt Urgell, comarca catalana cercana a Andorra], por así decir, sino del Gobierno español”.
El diario ARA ha tenido acceso al audio de la declaración completa [grabada en video pero sin mostrar la imagen de los participantes y hablada en catalán, idioma oficial de Andorra]. De los 36 minutos, cuarenta y cuatro segundos, que duró la comparecencia el pasado 18 de agosto ante la juez Canòlich Mingorance, 20 minutos corresponden a la denuncia de las presiones que llevaron a la entrega de las cuentas bancarias, y su filtración, de Marta Ferrusola, esposa del expresidente Jordi Pujol, y de sus hijos Pere, Oleguer, Mireia y Marta, por valor de 3,4 millones de euros.
Cierco afirma tener pruebas de que el Director Adjunto Operativo en mayo de 2014, Eugenio Pino, estaba al corriente de las reuniones convocadas por el entonces jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín de Blas, una de ellas en el hotel Villamagna, a las que acudió el primer ejecutivo de BPA, Joan Pau Miquel. Estas reuniones, en mayo y junio de 2014, culminaron con la entrega de las citadas cuentas por parte de Miquel a De Blas, quien a su vez filtró los documentos a un medio de comunicación, El Mundo, que publicó bajo la forma de pantallazo el 7 de julio de 2014.
“Lo sabemos porque hemos podido confirmar que los policías nos seguían y nos fotografiaron en uno de los encuentros de Miquel y Martín De Blas, cerca de la Plaza de Colón”, declara Cierco. “Los dos [Martín De Blas y Pino] conocían perfectamente la operación. Lo sé por los documentos que he visto”.
Cierco explica que “en uno o dos meses, no dos años. obtendremos en Estados Unidos toda la información sobre las comunicaciones entre España, Andorra y EE.UU en aquellos meses”. Según señala, ahí se podrá apreciar cómo España aporta a la policía financiera norteamericana (FinCen) datos falsos para aumentar la presión sobre los propietarios.
Porque en los contactos que empiezan en mayo de 2014, ya aparece EE.UU. “Me llama Celestino Barroso. Le recibo en la calle. Le invito a subir. Me dice que no hace falta. En la calle me insiste en que tengo que hablar con una gente en Madrid porque de lo contrario el banco[BPA, propietario del Banco Madrid] morirá y los americanos están al corriente de cómo hacerlo”, explica Cierco, quien pone en contacto a Barroso con Miquel. “Te llamará Félix”, le anticipa.
El primer ejecutivo de BPA, Miquel, recibe una llamada desde Madrid. Félix quiere verle, le espera en el hotel Villamagna. Félix es Marcelino Martín de Blas. Luego tendrán varios encuentros. Con el jefe de Asuntos Internos y otros policías.
“¿Qué le pide Martín de Blas a Miquel? Tres cosas: ¿Tienen cuentas [Artur] Mas y familiares, Oriol Junqueras y familiares y Jordi Pujol y su familia? Martín de Blas le advierte que si no le entregan los documentos o si hacen una denuncia el banco será intervenido. Insiste en que Estados Unidos está detrás de esta operación.
Miquel entrega finalmente el material, según relata Cierco. Son las cuentas bancarias que traspasan los familiares de Pujol del Andbank a la BPA en 2010. “Son 4,5 millones de euros, es todo lo que tenemos”.
Cierco especula con que Martín de Blas y su equipo cree que hay más dinero, que por eso siguen presionando a través de Estados Unidos.
En respuesta a su letrada, Cierco relata que en junio de 2014, el abogado José María Fuster Fabra, a quien tiene como asesor por ser un letrado que trabaja para la Policía, le invita a la boda de su primo hermano en Colmenar Viejo, en Madrid, que también trabaja para BPA. “Y para más inri me pone en una mesa con dos personas a las que no conocía. Son Martín de Blas y Eugenio Pino. Se me pegan dos horas en el aperitivo y dos horas en la comida. Yo no sabía qué decir ni qué mirar”.
Aquello fue el 21 de junio. Dieciséis días más tarde, el 7 de julio de 2014 Martín de Blas y Eugenio Pino, con el visto bueno del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, según sale en las grabaciones con el entonces director de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, filtraban las cuentas de los familiares del expresidente Pujol.
