El acceso a la vivienda es el gran agujero negro de nuestra vida colectiva. Es lo que genera mayor desigualdad y precariedad. Los precios de compra y alquiler llevan tiempo disparados y no dejan de subir. Supone un lastre demasiado oneroso para muchas familias y, en especial, para muchos jóvenes, a quienes les impide tener un proyecto de vida autónomo. Hay bastantes zonas urbanas donde el precio medio de la vivienda es superior al salario medio, lo que ya se ve que hace literalmente imposible una vida digna.
Este es el contexto que ha llevado al gobierno español a aprobar el índice para controlar el precio de los alquileres, publicado este martes y que entrará en vigor dentro de dos semanas. Se trata de una medida largamente esperada que, sin embargo, habrá que ver qué efecto real tiene sobre los precios, y que se añade a normativas previas que han ido también en la línea de frenar la escalada de encarecimiento: la ley de vivienda del Estado ya limitó la actualización anual del precio a un 3% para 2024 –en 2023 había sido del 2% por vía de decreto–. A partir de 2025 está pendiente de definir un nuevo índice que sustituya a la inflación, indicador al que estaba sujeta la actualización anual.
El nuevo índice ahora aprobado fija unos mínimos y máximos de precios de alquiler para todas las viviendas, de modo que cualquier ciudadano, sea propietario o inquilino, podrá saber qué recomienda la administración. Habrá, por tanto, precios de referencia. Unos precios que en las zonas tensionadas, que en Cataluña afectan, tal y como ha definido la Generalitat, 140 municipios, serán de obligado cumplimiento para los pisos que sean propiedad de grandes tenedores (los que tienen más de 5 viviendas) o para aquellos pisos que salgan al mercado de nuevo después de haber permanecido fuera al menos cinco años.
En conjunto, según el gobierno catalán, esta afectación obligatoria recaerá sobre 40.000 viviendas, las cuales estarán forzadas a aplicar la rebaja en función del índice. Más allá de eso, en general el índice dará más base a los inquilinos para frenar las subidas abusivas y especulativas que se han ido normalizando en los últimos años. Si se logra amortiguar la subida, ya será mucho. Resulta más difícil pensar que habrá una bajada de los precios medios. Al otro lado de la balanza, el peligro es que se produzca un freno a la incorporación de nuevos inmuebles en el mercado o el traslado del alquiler tradicional al turístico o al de temporada, que ya se está dando.
La regulación aprobada por el Parlament de Catalunya en 2020 era más ambiciosa, pero sólo estuvo vigente un año, hasta que en marzo de 2022 fueanulada parcialmentepor el Tribunal Constitucional. Preveía congelar y rebajar los alquileres en los municipios que habían sufrido un aumento de los precios superior al 20% entre 2014 y 2019, incluidos en el área metropolitana de Barcelona o con una población superior a los 20.000 habitantes. Desde la anulación, los precios volvieron a dispararse.
El índice debe ser bienvenido como un primer paso que se deberá ir actualizando, corrigiendo o ampliando en función de cómo evolucione el mercado, que necesariamente debe ser regulado si queremos garantizar a todo el mundo el derecho al vivienda.
