Sánchez acelera las negociaciones tras la elección de Junqueras

MadridLa elección de Oriol Junqueras como presidente de Esquerra era un punto rojo marcado en el calendario de Pedro Sánchez. No porque le prefiriera como líder de la formación republicana, sino para superar los procesos orgánicos de Junts y ERC y que quedara atrás ese tipo de tabú que el independentismo todavía tiene a la hora de defender sus pactos con el PSOE, sobre todo en contexto electoral, aunque ninguna de las dos candidaturas que se han enfrentado a las primarias apostaban abiertamente por romper con los socialistas. Ahora ya sí, el presidente español acelerará las negociaciones con la vista puesta en la aprobación de los presupuestos generales del Estado en la primavera del próximo año. Si tuviera éxito, sería como una cuestión de confianza encubierta, ya que la Moncloa descarta una verdad como la que reclamó Carles Puigdemont.

"¿Me ves con cara de abandonar?", preguntaba retóricamente Sánchez el pasado martes en una conversación informal con periodistas en la Moncloa. El jefe del ejecutivo del Estado tiene entre ceja y ceja agotar la legislatura, hasta el 2027, el año en el que están previstas elecciones en la mayoría de comunidades autónomas. Si desea hacerlas coincidir con las generales será un cálculo que deberá realizar más adelante. Ahora, la prioridad es intentar sacar adelante unas cuentas que le darían la reválida definitiva para lo que queda de mandato. Ya será en el 2025 cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá que reabrir las conversaciones con sus aliados para aprobar la senda de déficit en el Congreso, que Junts tumbó en julio. Básicamente, se trata de llegar a un acuerdo con la formación independentista sobre el margen de las comunidades autónomas para poder gastar más. Es el paso previo para, después, elaborar el proyecto de presupuestos.

En una entrevista en el ARA hace unos días, Junqueras mostraba reservas sobre la posibilidad de aprobar los presupuestos de Salvador Illa en el Parlament y de Sánchez en el Congreso. "Solo serán útiles si incorporen cosas como, por ejemplo, la condonación del FLA que ya se pactó y si se cumple el acuerdo de financiación", dijo. Lo que el presidente español trasladó el viernes a la conferencia de presidentes autonómicos fue precisamente eso, con la propuesta de reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera este enero para empezar a hablar de ello. Más que aprobar o no unos presupuestos, que incluso el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asumía que no es imprescindible y que puede realizar los ajustes que sea necesario prorrogando los anteriores, la reforma del sistema de financiación es la operación política que más puede marcar la legislatura. Y sobre todo, las tan cruciales elecciones autonómicas del 2027.

Cálculo político

¿A quién interesa que se consiga un cambio en el modelo? Probablemente, Sánchez se llevaría el rédito político de haber desbloqueado una modificación de un modelo caducado desde 2014, mientras que el PP parece dispuesto a hipotecar las finanzas de sus territorios con la excusa del acuerdo para una financiación singular para Cataluña. Éste es un argumento –el anticatalanismo– que la derecha española nunca duda en utilizar cuando toca ir a las urnas. Cuando el PSOE exhibe como triunfo que Salvador Illa haya devuelto a Catalunya a la normalidad del Estado –en Santander nadie se ausentó de la fotografía con Felipe VI– el PP lo contrarresta subrayando que los "privilegios" no han cesado pese a la salida del independentismo de la Generalitat, ya que Sánchez sigue dependiendo de ellos en Madrid. El reparto de culpas sigue con la Moncloa señalando que un eventual fracaso a la hora de cambiar el modelo de financiación sería causado por las opiniones discrepantes que el PP tiene en cada comunidad donde gobierna sobre cómo debería ser el nuevo sistema.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, llamaba al consenso el viernes, consciente de que será necesario el aval del Congreso para realizar los cambios. La Moncloa pretende que la financiación singular para Catalunya vaya acompañada de la reforma global del sistema, con el riesgo que esto conlleva para el pacto entre ERC y el PSC que Junqueras –y también el candidato perdedor, Xavier Godàs– advirtieron de que fiscalizarían al por menor. Habrá que ver las consecuencias de todo ello en la nueva etapa que se abre en las filas republicanas respecto a la estabilidad que hasta ahora ha concedido a Sánchez. Primero deberá definirse si Josep Maria Jové sigue siendo o no el interlocutor del ministro Félix Bolaños. Sin embargo, a corto plazo el posicionamiento que más preocupa al gobierno español es el de Junts, el aliado más inestable, con el que debía cerrar un acuerdo para el traspaso de competencias en inmigración antes de acabar el 2024. El viernes hubo una nueva reunión en Suiza para avanzar después del toque de alerta que había hecho el lunes Puigdemont.

Fragilidad parlamentaria y ofensiva judicial

Hay cuestiones que no van a cambiar en esta legislatura, y una es esa fragilidad parlamentaria que obliga al gobierno español a pactar con tantas formaciones diferentes. Antes de terminar el año el ejecutivo también debe resolver la equiparación de la fiscalidad del diésel con el gasóleo y el impuesto a las energéticas que reclaman los socios de izquierdas. Juntos y el PNV no están dispuestos a renovar este tributo y Podemos amenaza con tumbar unos eventuales presupuestos si decae el gravamen en las energéticas. Sin embargo, Sánchez prefiere que el foco se ponga en esta debilidad parlamentaria –presume que el PP no puede articular mayorías con nadie– que en la ofensiva mediática y judicial de la derecha.

No es casualidad que la copa de Navidad con periodistas del pasado martes se adelantara una semana para que no coincidiera con la actualidad judicial que marca estos días: este lunes comparece el empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, el martes Koldo García y el miércoles su esposa, Begoña Gómez, ante el juez Juan Carlos Peinado. El judicial es un frente que Sánchez no controla y que actúa como elemento incierto y distorsionador de la legislatura, a diferencia de los presupuestos o el modelo de financiación que desde ahora empezará a negociar una vez ERC ha escogido nuevo líder.