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Sociedad  /  Vivienda 11/03/2022

El TC tumba una parte de la ley catalana que limita el precio de los alquileres

Los partidos que la apoyaron y el Sindicat de Llogateres muestran su rechazo a la decisión

4 min
Una promoción de pisos en alquiler a la ciudad de Barcelona.

BarcelonaRevés judicial del Tribunal Constitucional (TC) a las familias que viven de alquiler en Catalunya. El alto tribunal ha hecho oficial que tumba hasta siete artículos de la ley catalana que regula (y limita) el precio de los alquileres, la ley 11/2020. En el pleno de ayer los magistrados decidieron resolver, a favor del PP, el recurso de inconstitucionalidad que presentó el partido contra esta norma. Así lo avanzaba este mediodía El Periódico y posteriormente lo ha confirmado el Sindicat de Llogateres, que se ha afanado a decir que la sentencia "beneficia al grupo de presión inmobiliario". La resolución oficial del TC que confirma la anulación de la norma, sin embargo, no se ha hecho pública hasta esta tarde. "A efectos prácticos, parte de la ley queda tumbada en el momento en el que se hace pública la resolución del TC", corroboran los portavoces del sindicato, que fue el impulsor de la norma.

El Constitucional alega, en su decisión, que los artículos anulados –que hacen referencia sobre todo a los contratos que se tienen que firmar en las zonas denominadas como "tensionadas"– suponen "una invasión de la comunidad autónoma en las competencias del Estado", que, según la Constitución, es quien tiene la potestad de regular las bases contractuales en materia civil.

La decisión ha provocado el rechazo tanto del movimiento en favor del derecho a la vivienda como de los partidos políticos catalanes que apoyaron a la ley: JxCat, ERC, comunes y la CUP. La propuesta entró en el Parlamento en julio de 2020 –después de meses de redacción y configuración entre el Sindicat de Llogateres y la conselleria de Justicia – y fue aprobada en septiembre por 71 votos a favor (JxCat, ERC, comunes y CUP) y 63 en contra (PSC, Cs, PP, PDECat y Demòcrates) y con un gran consenso social avalado por el apoyo de más de 4.000 entidades sociales catalanas. En una comparecencia conjunta entre sindicato y partidos, esta misma tarde, la portavoz del movimiento por la vivienda, Carme Arcarazo, ha señalado que el TC "ha hecho el trabajo brutal a la derecha y a la patronal inmobiliaria". "Lo que ha pasado hoy es realmente gravísimo –ha insistido Arcarazo–. La sentencia deja desprotegidas a más de 160.000 familias que habían firmado un contrato con esta ley y también al conjunto de ciudadanos que se podría haber beneficiado próximamente". La resolución del TC, sin embargo, apunta que la suspensión de la ley es "a futuro" y, por lo tanto, los contratos firmados hasta el momento mantienen sus condiciones.

"Esta ley fue una victoria histórica y se ha demostrado exitosa", ha recordado el otro portavoz del sindicato, Enric Aragonès, que ha remarcado que "es tan efectiva para los vecinos que se han acogido a la regulación ayuntamientos de todos los partidos políticos, incluso de los que votaron en contra". Los partidos que apoyaron la norma han coincidido con el sindicato en que la suspensión parcial de esta ley no los detendrá. "Buscaremos la manera de blindar la regulación, por eso hay que impulsar la LAU catalana", ha dicho Marta Vilalta, de ERC. Los comunes y la CUP también han apoyado la ley de arrendamientos catalana. "El TC es la herramienta del PP para ponerse a los servicios de los especuladores", ha añadido de parte de En Comú Podem la diputada Susanna Segovia. Desde la CUP, Montserrat Vinyets ha instado a los jueces a aclararse: "No puede ser que el CGPJ critique la ley de vivienda española porque invade competencias de las comunidades y que unos días después el TC diga que el problema de competencias es que la competencia es del Gobierno español". Por su parte, desde Junts (el partido que puso más enmiendas a la ley) la diputada Glòria Freixa ha apostado por "analizar bien" la decisión judicial y seguir legislando, pero de manera "más fiable".

Una ley que "funciona"

En el último año y medio, según los datos publicados por el Incasòl, la ley ha servido para contener o rebajar el precio de los alquileres en muchos de los municipios que se habían adherido a la calificación de mercado tenso –precisamente la parte de la regulación que el TC deja sin efecto– y ha beneficiado, según los cálculos del sindicato, a más de 160.000 inquilinos en el último año. Según sus cálculos, desde que entró en vigor el precio de los alquileres se había bajado una media de un 5% en las ciudades reguladas, donde vive el 70% de la población catalana.

Además de la comparecencia pública de esta tarde, los portavoces del sindicato ya han avanzado que se está preparando un encuentro de urgencia con el Govern que se concretará las próximas horas. Además, también han hecho un llamamiento a la ciudadanía para protestar contra la decisión del TC el sábado a las seis de la tarde.

Lejos de estas opiniones, en la otra parte, esta tarde el sector inmobiliario ya empezaba a celebrar la decisión del TC. El portavoz del portal Idealista, Francisco Iñareta, ha dicho que la suspensión "supone una buenísima noticia para el mercado del alquiler en Catalunya". "La suspensión, a pesar de que era esperada, supone un alivio para los propietarios y sobre todo para las familias, que durante este tiempo han sufrido en su propia carne las dificultades para encontrar vivienda", dice Iñareta, que mantiene que la ley ha reducido la oferta de alquiler y no ha tenido impacto en los precios. "Las autoridades catalanas tendrían que tomar nota", remata.

Escenarios opuestos en Catalunya y Madrid

Y mientras en Catalunya la ley promovida por los movimientos por la vivienda digna queda descabezada por el TC, en Madrid un acuerdo in extremis entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya ha permitido al Gobierno español salvar la ley española de vivienda en el Congreso. La norma española, que pretende hacer extensiva la regulación de los alquileres en todo el Estado, está inspirada, precisamente, en la norma catalana que ahora queda recortada, a pesar de que los expertos califican la española de más "descafeinada" o limitada. Así, el compromiso de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, de respetar el marco competencial de las autonomías ha comportado que los republicanos voten en contra de las enmiendas de devolución del texto del ejecutivo, que ahora podrá seguir adelante. Vilalta ha explicado que los republicanos han aceptado tramitar la ley estatal porque "aunque el punto de partida es nefasto", esto permitirá "mejorarla, respetando las competencias de las comunidades".

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