La impotencia de Llarena le hace ver delitos donde no los hay

Seguramente era esperable, pero no por eso menos grave. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no se cree los argumentos que le dieron los Mossos para justificar su fracaso a la hora de detener a Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto, cuando el expresidente protagonizó un breve acto público en el 'Arc de Triomf, y remite el informe policial a los juzgados de Barcelona para que investiguen si hubo delito. De alguna manera, Llarena da por hecho que hubo un conjura entre el gobierno de Pere Aragonès y Junts para evitar la detención de Puigdemont, y burlar así la pretensión del juez de encarcelarle. Pero para hacer una acusación tan grave haría falta pruebas de que ahora mismo no existen.

A estas alturas la explicación más creíble es también la más simple: los Mossos no previeron que el expresidente podría actuar de esa manera y por eso diseñaron un operativo destinado a realizar una detención discreta e incluso todo "institucional", es decir, dentro del Parque de la Ciutadella, donde había agentes de alto rango preparados para hacerlo, y no en medio de la multitud que se había congregado para verlo en el Arco de Triunfo. El rostro desencajado que al día siguiente mostró el entonces número 1 de los Mossos, Eduard Sallent, y los ataques a Puigdemont (al que llegó a comparar con Jimmy Jump) hacen muy difícil creer la tesis de la conjura y demuestran que más bien hubo un exceso de confianza de la cúpula de los Mossos en la información que se les había trasladado desde el entorno de Junts.

Por eso investigar sin tener ninguna prueba incriminatoria a la cúpula de los Mossos por un error como éste, por mucha repercusión pública que tuviera, es un disparate sólo atribuible al ánimo de venganza que parece guiar a Llarena en todas sus actuaciones contra el expresidente. El juez del Supremo se sintió humillado en muchas ocasiones desde que se hizo cargo de la causa. Tanto por la negativa de Bélgica y Alemania a entregar a Puigdemont para ser juzgado por un delito de rebelión, como por la protección extra que supuso su elección como eurodiputado. Y es lógico que sintiera impotencia cuando comprobó la fuga del expresidente tras verle por la televisión en territorio español. Pero esto no debe interferir en la acción legal de un juez.

Desafortunadamente, toda la acción de la justicia en cuanto a la causa contra el independentismo catalán ha sido manchada por lo mismo: en sus escritos los jueces se han extralimitado, han mezclado opiniones políticas con argumentos jurídicos, y en definitiva ha parecido que actuaban más desde cierto resentimiento personal o como salvadores de la patria que como profesionales del derecho. Lo mismo sucedió con el escrito del Tribunal Supremo en el que justifica su no aplicación de la amnistía en Puigdemont y el resto de procesados ​​por el delito de malversación. Por no hablar de los audios del juez Aguirre jacándose de influir en la redacción de la ley de amnistía con sus escritos sobre la trama rusa. El caso es que, creyendo que defendían la unidad de España, lo que han hecho es estropear gravemente la imagen de la justicia.