La incertidumbre planea sobre los vecinos del edificio calcinado de Valencia

ValenciaProvisionalidad y inquietud. Estas dos palabras son las que mejor definen el día a día de los antiguos residentes del edificio del barrio de Campanar de Valencia que el 22 de febrero contemplaron atónitos como en menos de una hora las llamas devoraban su inmueble, de 139 pisos. El balance fue de diez personas fallecidas y quince heridas. Tres meses después del incendio, todavía quedan muchas preguntas por responder. La principal: si los vecinos podrán ocupar de nuevo sus pisos. Quien lo tendrá que contestar son las peritaciones que han hecho el Ayuntamiento, las compañías aseguradoras y un despacho contratado por los propietarios. Si todo va bien, la incógnita puede resolverse en las próximas semanas.

El deseo de los propietarios afectados, que han constituido la asociación Aproicam, es que el inmueble se rehabilite. "Somos optimistas", subraya Enrique Salvador, vicepresidente de la plataforma. "No prevemos ningún otro escenario", insiste. Primero habrá que comprobar que la estructura no esté demasiado dañada y que el coste de rehacerla no sea demasiado elevado. El seguro, en este caso, debe hacerse cargo de la reconstrucción siempre que el precio no supere el 50% de los 26,5 millones de euros de la póliza. Pese a esta cifra, desde Aproicam apuntan a que el límite "no está claro" y defienden que habría que sumar las coberturas de los seguros de cada vecino. "Habrá que ver", remarcan.

La espera de los vecinos

¿Y, mientras, dónde vivirán los propietarios e inquilinos? En estos momentos hay 80 familias alojadas en un edificio cedido por el Ayuntamiento de Valencia y otro grupo que, con una ayuda de la Generalitat de un máximo de 1.500 euros, alquilaron pisos. En su día, la conselleria también concedió a los afectados por el fuego entre 6.000 y 10.000 euros para la compra de productos de primera necesidad y los eximió de algunos impuestos y tasas.

Aunque a priori las ayudas podrían parecer elevadas, los residentes lamentan los retrasos en los pagos. Así lo certifica Àlex Chiva, uno de los vecinos afectados, que ha optado por alquilar un piso y que destaca que de los tres meses —marzo, abril y mayo— hasta ahora sólo ha cobrado uno de la administración. Las quejas más importantes van dirigidas al gobierno español, al que reprochan la restricción de las ayudas por zona catastrófica, destinadas sólo a los afectados con ingresos por debajo de los 1.200 euros mensuales. "Solo dos familias se han podido beneficiar de ello", alerta Salvador.

Disputas entre propietarios e inquilinos

La situación de las víctimas del incendio podría agravarse en agosto, cuando termina la moratoria de los bancos para el pago de las hipotecas. A partir de entonces, los propietarios tendrán que volver a abonar los préstamos por las viviendas calcinadas mientras siguen pagando el alquiler de los pisos donde viven de manera provisional. Por eso confían en que todas las ayudas se prorroguen. "Está previsto que se amplíen seis meses, pero si tenemos que esperar dos o más años para que el edificio se reconstruya habría que encontrar una solución para todo este periodo", enfatiza el portavoz de Aproicam. "Esta situación nos genera incertidumbre e inquietud", explica Salvador, quien subraya que "la preocupación" entre los afectados es "muy grande".

El clima de solidaridad generado hacia los residentes se ha visto enturbiado en las últimas semanas por las discrepancias entre los propietarios y los inquilinos. Estos últimos, que han visto cómo sus contratos se han cancelado a raíz del siniestro, han creado otra asociación, Ardic, y reclaman parte de los 100.000 euros recaudados durante una campaña de micromecenazgo para ayudar a las personas afectadas. Desde Aproicam —la plataforma de propietarios— defienden que desde un inicio se explicó que el objetivo era "la reanudación de la vida en el barrio, lo que implicaba reconstruir las viviendas".

Vía judicial parada

Tampoco parece fácil el entendimiento en la vía judicial, después de que un juzgado de Valencia archivara la investigación porque consideró que el origen del fuego fue fortuito. Aproicam y los familiares de algunas de las víctimas mortales han hecho un recurso en contra de la decisión. Y, en lo que se refiere a la prevención, todavía ha habido menos avances. En febrero, el Ayuntamiento de Valencia anunció la elaboración de un censo de edificios con fachadas similares a la del inmueble quemado, pero todavía no se ha sabido nada. Mientras, algunas comunidades de propietarios ya buscan soluciones. Es el caso de la conocida como Torre de Francia, la segunda más alta de la ciudad. Los arquitectos del edificio han recomendado cambiar las placas de la fachada, de la marca Alucobond y con corazón de polietileno, el material plástico que cree que podría haber alimentado el fuego en el incendio de Campanar. Temen que la catástrofe se repita.