"Los jueces estamos hartos de que se diga que somos de clase alta"
La reforma judicial que prepara el gobierno español abre el debate sobre el perfil de la judicatura
Madrid / Barcelona"La beca que tenía en su momento me servía para pagar el preparador, pero sabía que sin una ayuda económica no podía opositar", recuerda la magistrada María del Prado Escoda Merino, portavoz en Cataluña de Jueces y Juezas por la Democracia ( JJpD), en conversación con el AHORA. El blindaje de becas para que la renta familiar no sea un impedimento para estudiar las oposiciones a juez o fiscal que prevé el último anteproyecto del gobierno español ha sido muy bienvenido al sector, pero ha reabierto el debate sobre el perfil de la judicatura. "Estamos hartos de que se diga todo el día que los jueces somos gente de clase alta", asegura otra magistrada consultada por este diario.
De los 137 nuevos jueces que esta semana han recibido sus despachos, el 70% no tienen ningún familiar (hasta segundo grado) que se dedique a algún oficio relacionado con la justicia, según los datos del Consejo General del Poder Judicial ( CGPJ). De hecho, sólo el 5,84% tiene un juez o magistrado en la familia, si bien un 22,62% tiene algún familiar abogado o con algún otro trabajo jurídico. Además, el 34,3% de los nuevos jueces vienen de familias en las que ni el padre ni la madre tienen estudios superiores. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, manifestaba en el acto de entrega de despachos que "el vigente sistema de acceso a la judicatura es democrático, puesto que garantiza que cualquier persona, de cualquier procedencia y origen social y sea cual sea la suya ideología, puede competir en igualdad de condiciones".
Dels 137 nous jutges que aquesta setmana han rebut els seus despatxos:
Un 70% no tenen cap familiar (fins a segon grau) que es dediqui a algun ofici relacionat amb la justícia.
Només un 5,84% tenen un jutge o magistrat a la família.
Un 22,62% tenen algun familiar advocat o amb alguna altra feina jurídica.
El 34,3% dels nous jutges venen de famílies en què cap dels seus pares té estudis superiors.
Només 8 dels 137 nous jutges són catalans.
El 35% dels nous magistrats tindran el seu primer destí a Catalunya.
Hasta ahora existían unas becas para opositores a juez, fiscal, letrado de la administración de justicia y abogado del estado con una dotación de 6.611 euros al año. Estas ayudas se retiraron en 2008 y durante unos años a consecuencia de la crisis económica. En ese momento las becas rondaban los 3.000 euros. Son cantidades muy alejadas del proyecto que ha anunciado ahora el gobierno español, en el que quiere blindar las becas del ministerio de Justicia vigentes desde hace algunos años y que equivaldrían al salario mínimo interprofesional, que por ahora es de 15.876 euros anuales.
La magistrada madrileña Natalia Velilla, pese a celebrar que se incrementen las becas, alerta de que esta medida se introduzca sólo para la carrera judicial y fiscal. "Si quieres que las clases desfavorecidas accedan a la función pública en igualdad de oportunidades, el argumento cae cuando no dotas de becas a otros cuerpos, como el diplomático, registradores de la propiedad, notarios, etc.", apunta. "Hay una idea de demonizar la carrera judicial y fiscal", sostiene Velilla, que ve "otro interés detrás" de las modificaciones que quiere impulsar el gobierno español. Con la boca pequeña, el ejecutivo de Pedro Sánchez admite el objetivo de, poco a poco, ir equilibrando ideológicamente un sector con tanto poder como es la judicatura.
El sesgo ideológico
"Es objetivo que aproximadamente el 70% de los nuevos jueces son mujeres y un 30% hombres. Empezamos a desmontar que sea una profesión machista. Hay estudios serios de los componentes de los opositores y la sorpresa es que son más de centroizquierda que de centroderecha", considera un destacado miembro de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en conversación con el ARA. Por contra, desde la progresista JJpD afirman que la mayoría de la carrera judicial es "claramente conservadora". Uno de los motivos —plantea— puede que el "principio de autoridad" inherente a la profesión llame a perfiles más de derechas, al igual que puede ocurrir entre los aspirantes a policía.
Una de las vías que el gobierno español cree que puede ayudar a equilibrar los perfiles es potenciar el acceso a la carrera desde el cuarto turno, que es la forma en que personas provenientes de otros ámbitos del derecho pueden entrar en la judicatura sin pasar la oposición —deben realizar un examen escrito y deben tener diez años de experiencia—. La ley actual fija ya un 25% de los miembros de la carrera, pero no se cumple, y ahora se quiere potenciar. Otra pata relevante es el papel de las asociaciones judiciales: el anteproyecto prevé prohibir su financiación privada, con el objetivo de reducir su peso. Actualmente, formar parte de ella es un instrumento para poder escalar a cargos de la cúpula judicial, y como algunas están implícitamente vinculadas al PP —APM— y al PSOE —JJpD—, esto propicia su politización. Además, el gobierno español plantea cambiar el sistema de elección de los miembros de las salas de gobierno de los tribunales: quiere instaurar que cada juez pueda votar sólo a un candidato para asegurar así un reparto más plural. Hasta ahora se podían votar todos los candidatos que se presentaban, o hacer listas agrupadas, lo que favorece a un grupo que sea mayoritario.
La situación en Cataluña
Cada año Catalunya está entre los territorios del Estado donde más van destinados los nuevos jueces, a pesar de que los catalanes suelen ser una parte pequeña tanto de quienes opositan como de los que consiguen una plaza. En la promoción de este año, sólo ocho de los 137 nuevos jueces son catalanes, pero un 35% de los nuevos magistrados tendrá su primer destino en Catalunya. Asimismo, es común que pasado un año de ejercicio, cuando ya pueden pedir un traslado, muchos jueces opten por plazas más cercanas a sus familias, lo que provoca un relevo constante en muchos juzgados.
Uno de los objetivos de las becas de la Generalitat era paliar esta situación, además de asegurar que haya más jueces que hablen catalán y conozcan el derecho específico de Catalunya. En 2023 se otorgaron cincuenta becas para opositores a juez y fiscal, con una duración de seis años y que incluían las sesiones con el preparador y actividades complementarias sobre la realidad jurídica y social de Catalunya. Al conceder las becas del 2023, el ejecutivo anunció su intención de volver a convocarlas en el 2024, pero finalmente no fue así, apuntan fuentes del departamento de Justicia. Sin embargo, sí hay 36 alumnos que estudian las oposiciones acompañados de preparadores del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (Cejfe). En total, se calcula que preparar a la oposición durante cinco años cuesta unos 24.000 euros, teniendo en cuenta el sueldo del preparador y el coste de los libros y materiales.
