La justicia debe culminar el trabajo con el rey emérito
BarcelonaLa opinión pública española se ha levantado este viernes con un titular de portada en El Mundo que por fin pone en negro sobre blanco qué es lo que está investigando la fiscalía del Tribunal Supremo sobre el rey emérito, Juan Carlos I. Según la rogatoria enviada a Suiza por el teniente fiscal Juan Ignacio Campos, el ex jefe de estado habría hecho "intermediación en negocios empresariales internacionales" para cobrar "comisiones y otras prestaciones". Y en este supuesto habría podido cometer hasta cuatro delitos diferentes: blanqueo de dinero, contra la hacienda pública, fraude y tráfico de influencias. No es en sí una gran novedad, porque justamente en Suiza el fiscal Bertossa también investiga el origen del dinero del emérito, pero el hecho que un documento judicial español reconozca que hay indicios que el anterior rey hizo de comisionista mientras ejercía el cargo ha tenido un fuerte impacto tanto en la opinión pública como en la clase política.
Y sin duda quien ha hecho más gordo este impacto ha sido el mismo Juan Carlos I, que a través de sus abogados ha cargado contra la Fiscalía y la ha acusado de no respetar su presunción de inocencia. Y la Fiscalía ha respondido con otro comunicado en que explica lo que es obvio, y es que para pedir información a otro país sobre cuentas bancarias se tienen que señalar los presuntos delitos que se habrían cometido, y que todavía no hay una decisión tomada sobre si se citará al rey emérito como investigado. El choque entre dos instituciones del Estado delante de todo el mundo, pues, está servido, y servirá para calibrar la salud de la democracia española.
Políticamente, es evidente que los escándalos alrededor del rey emérito desgastan la institución monárquica y preocupan especialmente al PSOE, que ve cómo Podemos ha encontrado una rendija para marcar perfil político. En cambio, la triple derecha se mueve sin fisuras en defensa de Felipe VI y no duda incluso en acusar a la Fiscalía de actuar al dictado de la izquierda. Lo que haría falta, sin embargo, es que la investigación se acelerara y Juan Carlos I pudiera ser sometido a un juicio con todas las garantías dentro de España. Si esto no pasa, se extenderá la sensación entre la opinión pública que ha habido una dilación buscada del proceso para evitar una imagen que sin duda sería histórica: Juan Carlos I sentado en el banquillo de los acusados.
Por eso es importante que la justicia continúe su trabajo, y la lógica judicial indica que el próximo paso tendría que ser el de citar al emérito como investigado en el proceso para que pueda declarar ante un juez. Este interrogatorio sería clave para aclarar todas las dudas que hay alrededor de sus presuntos negocios sucios y también de la mecánica de las comisiones, que implican a algunos grandes empresarios españoles que, si bien se han aprovechado de los contactos de Juan Carlos I, también han salido a menudo a rescatarlo.
La democracia española tendrá que superar el test de estrés que supondrá ir hasta el final en esta investigación. Y si no lo hace dará la razón a los que dudan precisamente de las credenciales democráticas del Estado.
