Un paraguas jurídico para hacer frente a la pandemia
BarcelonaDesde el inicio de la pandemia ha habido un debate recurrente sobre si haría falta una ley específica para aplicar restricciones de derechos o si basta con los instrumentos actuales, que son la ley de medidas especiales en materia de salud pública de 1986 y el estado de alarma o de excepción incluidos en la Constitución. El gobierno de Pedro Sánchez parecía dispuesto, al inicio de la pandemia, a abordar el debate, pero después se desdijo y optó para desviar esta responsabilidad al Tribunal Supremo, que es quien se ha encargado de unificar la doctrina a aplicar por los tribunales superiores autonómicos.
El argumento de la Moncloa a estas alturas es que la situación, debido al éxito de la vacunación, no tiene nada que ver con la de marzo del 2020 y, por lo tanto, no cree que tenga que volver a recurrir a mecanismos excepcionales como el estado de alarma o de excepción. Esta visión, sin embargo, peca de optimismo, puesto que los efectos de la variante ómicron, que es más resistente a las vacunas, demuestran que no se puede descartar ningún escenario de futuro, ni siquiera el del confinamiento total. Si llegara el caso, después de la sentencia del TC que tumbó el estado de alarma, el gobierno tendría que optar por el estado de excepción, que es mucho más restrictivo en cuanto a derechos fundamentales. Por este motivo parece razonable acotar con una ley ad hoc o con retoques puntuales a las leyes actuales qué derechos fundamentales se podrían ver afectados de manera temporal para hacer frente a un repunte de la pandemia de coronavirus o a alguna otra que se pudiera producir en el futuro.
Este no es un debate sencillo, porque hablamos de restricciones de derechos fundamentales, y tanto los partidos como los expertos discrepan sobre cuál es la mejor fórmula. Esto, sin embargo, no es una excusa para no abordar la cuestión y abrir un debate público sobre qué hay que hacer en situaciones como las que desgraciadamente estamos viviendo. Lo que no puede pasar es que los tribunales tumben la exigencia del certificado covid en diferentes autonomías, como pasó en verano, y que meses después el Supremo tenga que dar la luz verde debido a la escalada de los contagios. Porque si una cosa hemos aprendido con la pandemia es que hay que avanzarse al virus, de forma que las restricciones se tienen que adoptar no cuando la situación está descontrolada sino antes, cuando todavía se está a tiempo de evitar que la curva de contagios se salga de madre. Y este tipo de decisiones las tienen que tomar los expertos epidemiólogos en función de modelos matemáticos, y no los jueces, que solo tienen que supervisar que realmente el criterio que se aplica es científico. Si esperamos a estar en una situación crítica para actuar, el virus siempre irá por delante.
Aún así, parece que el gobierno español ha decidido que no quiere entrar en el debate y deja la gestión de la pandemia a las autonomías y los tribunales. Y ni siquiera es capaz de opinar sobre si la mejor manera de afrontar la situación es con restricciones como las que aplica Catalunya o sin, como hace Madrid. Pero una cosa es respetar la autonomía de las comunidades, y otra muy diferente lavarse las manos para evitar así cualquier desgaste.
