El Partido Popular español tiene una mancha de origen con respecto a sus homólogos europeos de centroderecha, y es que fue fundado por un ministro del régimen de Franco, Manuel Fraga. Sin embargo, había ido dando pasos para desligarse de su pasado y entrar dentro de un cierto consenso muy básico en torno a la dictadura, como que cometió atrocidades y que sus víctimas necesitan una reparación. Así, el 21 de noviembre de 2002, el PP votó a favor en el Congreso de una proposición no de ley que incluía una condena implícita del franquismo y se mostraba a favor de facilitar la apertura de fosas y la identificación de las víctimas de la represión franquista. Es cierto que después de esa fecha ha votado numerosas veces en contra de condenar al régimen de Franco, y también de las diferentes leyes de memoria, pero también es cierto que cuando alguno de sus miembros ha elogiado el franquismo se ha desmarcado. Ahora, y debido a los pactos autonómicos con Vox, el PP está dando pasos atrás y asumiendo tesis de la extrema derecha.
El PP y Vox han aprobado leyes de memoria (concordia, dicen) en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León. En este último caso es más llamativo porque la nueva ley rectifica una que aprobó el PP en solitario en el 2018, y, por tanto, sirve para ver negro sobre blanco la influencia de Vox. Básicamente se trata de blanquear el franquismo aduciendo que no hay un consenso historiográfico (lo que es falso porque el consenso existe), que no hubo buenos y malos y que las responsabilidades de lo ocurrido deben repartirse entre los dos bandos. Si se mira más allá se ve que existe una intención concreta de proteger a los verdugos y criminales de guerra franquistas, ya que la ley prohíbe "la difusión pública de imágenes, documentos o cualquier otro material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación". O sea, de lo que se trata es de enterrar a las víctimas bajo las espesas capas de silencio en las que han vivido hasta hace muy poco, y proteger el buen nombre de aquellas familias que estuvieron ligadas al régimen o colaboraron en ellas sus maldades.
En realidad, pues, no estamos ante leyes de concordia, sino todo lo contrario: son leyes que quieren acabar de aplastar a uno de los bandos, el perdedor, concretamente, que lleva décadas luchando por recuperar la memoria y la dignidad de sus víctimas. En una segunda fase, lo que se vislumbra de las leyes es que se planea cambiar el discurso de la dictadura a la enseñanza y ejercer la censura sobre aquellas obras que "puedan reabrir heridas", según su forma de ver. Estos casos de censura, obras de teatro, por ejemplo, ya se han dado en algunos municipios de la mano de Vox.
Que la extrema derecha defienda el franquismo no es ninguna novedad. Pero sí lo es que un partido de centroderecha llamado demócrata se pliegue a las exigencias de los radicales y quiera quitar hierro a un régimen criminal como el franquista, que fue aliado de Hitler y Mussolini. Alberto Núñez Feijóo debe detener esta deriva antes de que sea demasiado tarde y su partido acabe colonizado por los ultras.
