El 18 de marzo de 1990, Jordi Pujol estaba viviendo "el momento más difícil de sus últimos diez años de mandato". Así lo interpretaba El Periódico de Cataluña en una dura portada que situaba contra las cuerdas al entonces presidente de la Generalitat. Días atrás, la Fiscalía de Barcelona había abierto una investigación penal contra el secretario general de la Presidencia, Lluís Prenafeta. Según el fiscal, el hombre de confianza de Pujol había estado compatibilizando el cargo con su silla de consejero en Iberia de Seguros. A los pocos días, Prenafeta presentaba su dimisión y enterraba una crisis que había monopolizado portadas durante días. Parecía que, en casa de Convergència, poco a poco volvía la tranquilidad. Hasta que, tan sólo un mes y medio más tarde, cayó un nuevo cubo de agua fría, aún mayor que el anterior.
En mayo de 1990, la Fiscalía abría una nueva causa contra CiU. Con el retrovisor enfocado en la década de los 80, situaba en el punto de mira el funcionamiento de la Comisión de Ayuda para la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC), una de las primeras iniciativas aprobadas por el primer gobierno de Pujol. El organismo, dependiente del departamento de Industria, pretendía promover la modernización de la industria catalana otorgando ayudas económicas a empresas que se encontraban en apuros. “A finales de los 70, España vivía una grave crisis que había dejado el tejido empresarial al límite -contextualiza Jacint Jordana, profesor de ciencias políticas de la UPF-. Las empresas estaban muy debilitadas y, en Cataluña, se decidió impulsar un sistema de ayudas públicas para empujarlas hacia la reconversión, siguiendo la estela de otros países”. Pero la apuesta hizo aguas.
“Las ayudas de la CARIC se convirtieron en el primer escándalo económico del pujolismo”, opinan los periodistas Jordi Oliveres y Félix Martínez en el libro ¿Quién es Jordi Pujol? Durante años, el organismo firmó avales que nunca pudo recuperar porque las sociedades que recibían los préstamos cerraban a los pocos meses. Si a finales de 1986 la CARIC había concedido créditos por valor de 5.243 millones de pesetas, 1.231 de esos millones se habían convertido en créditos fallidos, según informaba El País.
Los números no salían y, al mismo tiempo, la sombra de corrupción empezó a planear sobre el organismo. “Pujol actuó desde la Generalitat de la misma forma que lo había hecho desde Banca Catalana: concediendo préstamos ventajosos a amigos de la causa por Cataluña”, aseguran Oliveres y Martínez. Dieciocho millones del erario público fueron a parar a la empresa en la que trabajaba la esposa de Prenafeta como miembro del consejo de administración; cien más, a la sociedad dirigida por Josep Granell, diputado de CiU, y veinte millones más, en el negocio de la familia deAntoni Subirà, primo político de Pujol, entre otros.
Todo quedó en una nada: cuando las deudas fueron reclamadas judicialmente por la Generalitat, habían prescrito. Aduciendo este argumento, el fiscal general del Estado tampoco movió ficha, si bien admitió que todo el escenario parecía desprender un cierto “olor a corrupción”. A raíz de esto, el CARIC se desmanteló.
La lección
“Con la crisis de los 70, los gobiernos tuvieron que hacer frente a un alud de cierres empresariales -recuerda Jacint Jordana, profesor de ciencias políticas de la UPF-. Para hacerle frente aplicaron recetas como las del CARIC, que, si aquí no terminó de funcionar, a países como Japón les fue bien: no era un mal modelo”.
