La operación de la derecha extrema española (PP y Vox) para tumbar la investidura de Pedro Sánchez está subiendo de decibelios a medida que se avecina el plazo para cerrar el acuerdo entre el candidato socialista y el independentismo catalán. Con el acuerdo del PSOE con ERC ya firmado, falta ahora el de la bestia negra de la Reacción, Puigdemont. Y día a día sube la tensión.
Si con la oficialidad del catalán en el Congreso pareció que, aunque con evidente disgusto, la oposición se tragaba el sapo de la pluralidad lingüística, la condonación en Cataluña de parte de la deuda del FLA y sobre todo la ley de amnistía se han convertido en la escasa inflamable de la supuesta traición de los socialistas en España. Desde los tribunales y desde la calle, la alta judicatura conservadora y el patriotismo populista más exaltado están subiendo el tono de la bronca con el objetivo indisimulado de frustrar el entendimiento, ya de por sí bastante complicado, entre el PSOE y Junts.
En las desconfianzas mutuas y las dificultades técnicas para delimitar el perímetro de la amnistía –los de Puigdemont insisten en incluir un genérico lawfare difícil de convertir en norma objetiva, aunque los últimos movimientos de la Audiencia Nacional le pongan más de manifiesto–, se ha añadido la excitación del clima ambiental y mediático, una atmósfera que es un arma de doble filo: de por un lado, parece obvio que encarece el precio del acuerdo para los socialistas; por otro, lo hace más necesario que nunca para unos y otros ante la evidencia de lo que puede venir si, después de una repetición electoral, la mayoría de derecha y ultraderecha se traduce, esta vez sí, en un gobierno efectivo . Este segundo supuesto es, sin duda alguna, el mejor aliciente para el pacto de socialistas e independentistas.
Pero en política dos y dos no siempre suman cuatro. Resulta evidente que los accidentes de recorrido, forzados desde la derecha, están enrareciendo las negociaciones. De momento, lo que parecía inminente ya no lo es: el ruido está dificultando el entendimiento en Bruselas entre el expresidente Puigdemont, que lleva seis años en el exilio, y el enviado de Sánchez, Santos Cerdán, número tres de la cúpula socialista. La foto tomada hace unos días, y que prefiguraba un desenlace rápido, no ha dado los frutos esperados.
Pero a Sánchez no le está temblando el pulso en la respuesta al acoso de Ferraz, sede del PSOE en Madrid: la contundencia policial contra los manifestantes ha descolocado a quienes pensaban que la policía era una aliada ideológica. Unos incrédulos manifestantes de ultraderecha han visto cómo los trataban como si fueran independentistas: es decir, sin contemplaciones, con gases lacrimógenos incluidos. Sin embargo, no habrá ningún juez que busque las cosquillas a la violencia de los chicos de Vox y compañía, y menos que intente vincularlos a un inverosímil terrorismo, como ha hecho la Audiencia Nacional con Tsunami Democrático, situando al propio Puigdemont y Marta Rovira como imputados. Un desesperado y chapucero intento de cortocircuitar la amnistía.
Visto que este ambiente no remite, Junts y PSOE necesitarán buenas dosis de determinación y ningún frío si no quieren dejar arrastrarse por la provocación desestabilizadora.
