Es lamentable que así sea, pero a estas alturas a nadie puede sorprender que el Tribunal Supremo haya votado por unanimidad asumir la causa por terrorismo de Tsunami Democrático contra Carles Puigdemont y el diputado en el Parlament Ruben Wagensberg. Que unas acciones pacíficas en las que miles de personas protestaban contra la represión recibida por expresar de forma no violenta y en las urnas sus ideas políticas sean consideradas terrorismo es muy grave. Banaliza el terrorismo, lo que ha molestado como es lógico a las víctimas reales de esta lacra, dejando indefensos a los ciudadanos, que pueden ser acusados de un delito gravísimo por el simple hecho de manifestarse. Pero después de todo lo que hemos visto hasta ahora, esto ya no sorprende mucho.
El mismo día que la Agencia de Seguridad Aérea aseguraba en su informe que Tsunami no puso en riesgo ni a personas ni aviones en El Prat, a los cinco miembros conservadores de la sala penal del Tribunal Supremo, entre ellos Manuel Marchena y Carmen Lamela, han decidido por unanimidad aceptar la causa por lo que respecta a los dos aforados. El resto de investigados continuarán en manos del juez Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional, que está siendo en esta segunda edición de la persecución del Proceso el juez conservador estrella que intenta boicotear las conversaciones políticas. Cabe recordar que Marchena fue el presidente del juicio del Proceso y Lamela la primera en investigar a sus líderes. Que después de conseguir condenar a prisión a los políticos independentistas votados legítimamente en las urnas hubiera un indulto en el que se reconocía el carácter político de la causa fue un duro golpe que les ponía en cuestión. Parecería que no lo han perdonado.
La represión ha sido muy dura en estos años y todo el aparato conservador, tanto político como judicial y policial, ha intentado de todas las formas posibles imponer una sola manera de entender España y sus leyes. Con los indultos primero y ahora con la ley de amnistía que todavía ni se ha empezado a tramitar en el Congreso, otra parte importante de España, la mitad que ahora tiene mayoría parlamentaria, pretende pasar página al conflicto para devolverlo al lugar del debate político del que nunca debería haber salido. Esto es lo que algunos quieren evitar como sea, y aquí, como ya ocurre desde el inicio, está entrando también la judicatura.
Veremos que ocurrirá durante la instrucción de la causa, que está en manos ahora de una juez del sector llamado progresista. Sin embargo, el daño que querían hacer ya lo han hecho. Si el objetivo era romper la negociación entre Junts y el PSOE por la ley, quizá estén yendo por el buen camino. Ahora mismo, el PSOE lo tiene muy difícil para incluir el terrorismo en la amnistía y, aunque esté claro que no lo hubo, la causa puede alargarse el tiempo suficiente para impedir que Puigdemont pueda beneficiarse de la ley pronto . Sería importante que la ley se aprobara por los otros muchos encausados que podrían beneficiarse, y mientras tanto, habrá que seguir insistiendo en todos los ámbitos posibles, desde el judicial hasta el mediático, que protestar no es terrorismo.
