Transparencia con las residencias de personas mayores
El departamento de Derechos Sociales ha estrenado laweb de la transparencia de las residencias, los centros de día y las viviendas asistenciales para personas mayores, una herramienta que debe servir para dotar de mayor transparencia tanto el proceso de elección de geriátrico por parte del usuario y las familias como los tiempos de espera. Actualmente, el 40% de las residencias con plazas públicas tienen una lista de espera de entre uno y tres años, y un 17% la tienen de más de tres años. En total, ahora mismo hay 12.000 personas en lista de espera según el departamento, aunque aproximadamente la mitad están pendientes de un cambio de centro y no de obtener la plaza. Esta espera se hace eterna en muchas ocasiones para los familiares, y es también un indicador de la necesidad de dar una vuelta a todo el sistema residencial para adaptarlo a los cambios demográficos. El objetivo debería ser que ninguna persona tuviera que esperar más de un año para tener acceso a una plaza pública, un objetivo que hoy parece difícil pero que debería ser un compromiso adquirido por todos los grupos políticos.
En este sentido, la herramienta presentada este jueves es un paso importante para que las familias tengan información en tiempo real sobre cómo evoluciona su solicitud. Pero hay que ir mucho más allá. Tal y como quedó de manifiesto en el informe aprobado por el Parlamento sobre la gestión de la pandemia, es necesario ir hacia un cambio de modelo que tenga en cuenta todas las lecciones aprendidas. Hoy ya sabemos, por ejemplo, que la mortalidad fue mayor en los macrogeriátricos y que habría que caminar hacia centros más pequeños y con una atención más personalizada. Con profesionales mejor formados y retribuidos. Y con una atención médica especializada. Y con un cuerpo de inspectores que sea capaz de llegar a todas partes para detectar carencias y deficiencias en el trato a las personas mayores. La llegada de la generación baby boom a la tercera edad supondrá un reto formidable para este sector, al igual que para todo el sistema de salud, que es necesario empezar a prever desde ahora mismo.
Lo que no puede volver a repetirse son los dramas que se vivieron durante la pandemia y sobre los que todavía no se han asumido responsabilidades de ningún tipo. Este mismo miércoles Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, uno de los territorios más castigados por la primera ola del cóvido, ha justificado que no se llevaran a los abuelos de las residencias infectados a los hospitales porque en ese contexto "no se salvaba a nadie" ". Resulta indignante y muy hiriente que un representante político diga esto, porque es equivalente a admitir que se les condenó a morir cruelmente sin la atención personalizada a la que todos tenemos derecho como ciudadanos. Es comprensible afirmar que se produjo un caos y que no existían recursos ni medios para hacerle frente, pero no que la decisión correcta fuera no proporcionar asistencia hospitalaria al sector más vulnerable de la sociedad. Y en lugar de pedir perdón, lo que parece hacer Ayuso es jactarse de una decisión por la que debería, al menos, pedir disculpas.
