El acuerdo para ampliar El Prat, precipitado y demasiado impreciso
Lunes se llegó en Madrid a un acuerdo importante para el futuro del país que compromete de manera importante el modelo económico para los próximos años. Un pacto, liderado por el vicepresident Jordi Puigneró y la ministra Raquel Sánchez, que ha sacudido el mundo político y empresarial catalán porque la reunión se hizo en secreto, el mismo día en que había la Comisión Bilateral, que quedó totalmente diluida, y sin esperar a las conclusiones de la mesa de trabajo que había puesto en marcha la Generalitat para definir el futuro de El Prat. La excusa de la urgencia es que Aena y PSOE urgían a firmar este acuerdo porque el 30 de septiembre se tiene que aprobar el plan Dora 2022-2026, que regula las inversiones del gestor aeroportuario español, y con la amenaza que los 1.700 millones de inversión prometidos se fundirían si no se firmaba ya el acuerdo.
El problema es que este caja o faja supone hipotecar el debate de futuro no solo de lo que tiene que ser El Prat y de las áreas naturales que lo rodean, que claramente quedarán menguadas y tocadas si se construye la nueva pista, sino también del modelo económico que se quiere priorizar en los nuevos tiempos. Estamos en un momento de cambio de paradigma en que hay un acuerdo unánime que nada podrá ser como hasta ahora porque la crisis climática obliga a reducir emisiones, también y de manera significativa en los aviones, y para poder hacerlo habrá que cambiar los modelos de movilidad y de economía depredadora de territorio y energía que había hasta ahora. Cómo será este futuro todavía no se sabe, y es urgente que se empiece a pensar y a articular, pero es casi seguro que no podrá ser como lo era antes, cuando se previó la ampliación del aeropuerto con la terminal satélite, ni tampoco como se podía prever en 2019, antes de esta pandemia que lo está cambiando todo.
El acuerdo es inconcreto y el documento que se ha hecho público deja para otoño, una vez se haya aprobado el Dora, el debate sobre cómo será el proyecto concreto y de qué manera se intentará salvaguardar las áreas naturales protegidas del delta del Llobregat que quedarán afectadas por la ampliación. El presidente del Govern, Pere Aragonès, aseguró este martes que se hará "satisfaciendo escrupulosamente la normativa medioambiental", pero todo esto es muy inconcreto y naturalmente preocupa a los partidos –como a los comuns y a la CUP– y entidades sociales y ecologistas, que se oponen al proyecto. El acuerdo también prevé la conexión con alta velocidad entre El Prat y los aeropuertos de Girona y Reus con el objetivo de que puedan ser pistas auxiliares a solo 30 minutos de lo que quieren que sea un hub intercontinental. No se ha definido, sin embargo, cómo se podrá hacer esto y qué ventajas podrá aportar El Prat para las aerolíneas para hacer competencia a Barajas para captar vuelos de larga distancia, ni tampoco, vista la experiencia del pasado, cómo se conseguirá que en solo diez años –la ampliación se quiere tener acabada en 2030– haya estaciones de AVE en los tres aeródromos. No se ha querido explorar otras opciones posibles y se ha echado por el atajo, pero es muy preocupante que este acuerdo haya llegado sin suficiente consenso social y político. Hará falta mucho trabajo técnico y político para conseguir enderezar lo que parece un acuerdo apresurado y peligrosamente inconcreto.
