Quien fue la alcaldesa de Madrid entre 2011 y 2015 (primera mujer que ocupó este cargo, antes de que la sucediera Manuela Carmena) malvendió 1.860 pisos de protección pública a un fondo buitre internacional, Blackstone, a precio de saldo: 68.000 euros cada uno de los pisos, muy golosos porque están situados en las zonas más céntricas de Madrid. En el paquete también entraban una importante cantidad de trasteros y plazas de aparcamiento. El total de la operación ascendió a 72,8 millones de euros, y se produjo en 2013. A finales de 2018, el Tribunal de Cuentas condenó a Ana Botella a pagar 25,7 millones de su bolsillo, por resarcir los perjuicios que había causado esta venta al erario público. Sin embargo, al cabo de unos meses el mismo tribunal revocó la condena por dos votos a uno. Ambos votos eran de consejeros del Tribunal de Cuentas propuestos por el PP, y una en concreto era Margarita Mariscal de Gante, que había sido ministra de Justicia con José María Aznar, marido (posiblemente no lo sabíais) de Ana Botella. Los inquilinos de los 1.860 pisos vendidos quedaron en una situación de total indefensión frente al fondo buitre, que naturalmente había comprado los pisos para especular vendiéndolos por cantidades que multiplicaban por cuatro y por cinco el precio de patatón que habían pagado.
Ahora, una sentencia del Tribunal Supremo (que confirma una anterior de la Audiencia Nacional) obliga a Blackstone a respetar el derecho de compra preferente de estos inquilinos ya venderles los pisos sociales por el mismo precio por el que los compraron en Ana Botella. Esto no les quita a los inquilinos los más de diez años que se han pasado en una batalla judicial para evitar los intentos de desahucio (no todos lo han logrado, porque son 1.860 casos distintos) y para reclamar el derecho a retracto. Y más de diez años, también, de incertidumbre y angustia, con graves consecuencias para quien vive bajo la espada de Damocles de perder la casa.
En medio, en 2020, Botella y su gobierno logró la completa absolución por la operación de venta de los pisos de vivienda pública en el fondo buitre, también del propio Supremo, por lo que el reconocimiento de los derechos de los inquilinos no comporta la alcaldesa que presentó la candidatura fallida de Madrid a los Juegos Olímpicos ("1 cup de café con leche en la Plaza Mayor") ningún perjuicio judicial ni económico. Pero esta historia recuerda bien en qué consistieron los años del paso de Aznar por el poder (y sus secuelas), así como la forma de actuar habitual de una derecha española sin complejos que sigue perfectamente instalada no sólo en el Ayuntamiento, sino también en la Comunidad de Madrid. Y confirma una vez más, contra los gritos y descalificaciones de los falsos liberales, la necesidad de la regulación del mercado inmobiliario por parte del sector público. En los países donde el poder económico confunde al poder político con una licencia para robar y especular, es imprescindible un sector público fuerte. Y muchas inspecciones, muchos expedientes, muchas multas y, cuando proceda, algunas condenas en prisión.
