El análisis de Antoni Bassas: 'Encontrar dos bancos, uno para el aval y el otro para sentarse a esperar el diálogo'

Mañana se acaba el plazo para que los perseguidos por el Tribunal de Cuentas depositen la fianza de 5,4 millones de euros. Como recordarán, la Generalitat creó un fondo para evitar los embargos de patrimonio de los encausados, pero a la hora en la que les hablo no ha conseguido el aval bancario para cubrir las fianzas y, como explican hoy Núria Orriols y Gerard Pruna, la situación es complicada. Varias fuentes han explicado al ARA que no se ha encontrado un banco que haga de intermediario. El sistema era que un banco avalaba y la Generalitat contraavalaba, y ahora se espera que sea más fácil llegar a un acuerdo una vez el Consejo de Garantías Estatutarias ya se haya pronunciado y el consejo de ministros haya decidido si impugna o no el decreto ley del Govern. Como solución transitoria, varias fuentes constatan que se está buscando el dinero a través de los partidos independentistas, particulares, la Caixa de Solidaritat o el mismo patrimonio de los encausados para hacer frente de entrada a la fianza de más de cinco millones. Una garantía que sería sustituida más adelante por el aval de la Generalitat si se cierra un acuerdo con una entidad bancaria –algunas fuentes apuntan que en septiembre–. Fuentes oficiales de Economía se limitan a decir que siguen en contacto con entidades y que trabajarán hasta el último minuto para tener el aval de un banco. O sea que si mañana no hay aval, el Tribunal de Cuentas procederá a embargar los bienes de los políticos y cargos públicos catalanes de la lista fatídica.

Entre los bancos que no han querido avalar están, según explica hoy El País, La Caixa, el Sabadell, el BBVA y el Santander, y todos se excusan que la medida tiene riesgo jurídico e incluso riesgo de impago. Qué ironía: son entidades que reclaman estabilidad política para poder hacer negocios, pero que, ahora que están teniendo una oportunidad para contribuir a la estabilidad, se están echando atrás con excusas de mal pagador. Especialmente triste en el caso de La Caixa y del Sabadell. 

Mientras tanto, el nuevo gobierno español (hoy hace ocho días) continúa emitiendo mensajes en el sentido que ellos ya han aprobado los indultos y ya han hecho bastante. La nueva ministra de Política Territorial y portavoz del ejecutivo de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, dijo ayer que "el independentismo tendría que haber aprendido la lección". Que los independentistas hayan aprendido la lección quiere decir que sepan que se les puede agredir, encarcelar, arruinar y espiar. Y quiere decir que se puede mentir, porque insistir en el problema de convivencia en Catalunya es engañar a la opinión pública española. Porque no parece que aprender la lección quiera decir que los independentistas continúen ganando las elecciones, que el Consejo de Europa haya instado España a "indultar a los presos, retirar las peticiones de extradición para los que están en el exilio y reformar los delitos de rebelión y sedición”.

Y esto no es todo. Sobre el futuro del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del resto de exiliados políticos, Rodríguez se ha remitido a la carta magna y ha dejado claro que si vuelven a España "habrán de ser juzgados". Otra lección que el Estado no parece haber aprendido es que Carles Puigdemont sea un eurodiputado que se puede mover por toda la UE excepto por España. 

Las palabras de la ministra portavoz Isabel Rodríguez no solo confirman que aquello de “catalanes, catalanas, os queremos” de Pedro Sánchez se lo habría podido ahorrar, sino que el nuevo gobierno del PSOE se sienta a la mesa con la tranquilidad de tener la represión del estado detrás. Esto no es ningún diálogo. Y lo peor es que parece que no lo quiera ser. El gobierno de la Generalitat no podrá aguantar dos años así. Habrá que encontrar un banco, pero no para la fianza, sino un banco para sentarse a esperar el diálogo. 

Un recuerdo para los exiliados y para los represaliados. Y que tengamos un buen día.