Es un problema endémico de la administración, especialmente pesada en el sur latino. Aunque las generaciones actuales no tengan la referencia concreta, ha continuado resonando hasta hoy en el imaginario popular el "vuelva usted mañana" decimonónico de Mariano José de Larra. Sería injusto decir que no ha habido una mejora desde entonces: la administración es hoy mucho más eficaz que en los orígenes del fallido estado liberal español. Pero si hace un siglo y medio largo había centralismo y precariedad, hoy hay sobre todo complejidad reguladora y descoordinación entre administraciones, además de una desconfianza excesiva en el ciudadano disfrazada de igualitarismo y garantismo. El resultado es una burocracia que frena y entorpece la iniciativa privada en todos los campos, con especial incidencia en el mundo de la empresa y los autónomos. España ocupa el lugar 30 en el ranking del Banco Mundial sobre la facilidad para hacer negocios, muy por detrás del peso que tiene su economía en el mundo. Catalunya es la comunidad autónoma que más normativas nuevas creó el año pasado: 50. Los emprendedores lo tienen complicado: además de ideas, les hace falta paciencia para navegar en los turbulentos mares de las exigencias y la lentitud administrativa. Ni claridad, ni simplicidad, ni celeridad, ni seguridad jurídica, como hace tiempo que piden los agentes económicos (y en otro terreno, también las entidades sociales y culturales). La famosa ventanilla única hace años que no pasa de ser un eslogan.
Ante todo esto, el Govern ha aprobado este martes el reglamento de la ley 18/2020 de facilitación de la actividad económica, o ley antiburocracia, un reglamento con el que aspira a dar un golpe de timón a este freno endémico que no ha hecho sino entorpecer la creación de puestos de trabajo y de oportunidades de negocio, tanto para los empresarios y autónomos locales como para los inversores extranjeros, para los cuales la burocracia es un incentivo negativo. Entre los puntos principales hay el hecho de que no siempre se tendrá que pedir permiso previo para muchas actividades, sino que solo habrá que comunicarlas y después, a posteriori, la administración hará los controles. Otra filosofía de fondo es el only once –que no se tengan que aportar los mismos datos varias veces– gracias a la implementación del identificador único digital. Algunos proyectos especiales –industriales o productivos y con capacidad tractora para el país– podrán beneficiarse, además, de una agilización de trámites sin precedentes. Parece que, esta vez sí, habrá de verdad ventanilla única, a la cual se ha adherido finalmente el Ayuntamiento de Barcelona. Y los proyectos de los sectores del medio ambiente y la salud, en los que está en juego la seguridad de las personas, serán objeto de un tratamiento diferenciado.
Según datos del Govern, el nuevo marco normativo beneficiará 564.000 empresas y 362.000 autónomos del país, es decir, cerca de un millón de agentes económicos. Ojalá esta vez el cambio sea real y efectivo. Pronto tendríamos que empezar a notar que es útil y que tiene una traducción concreta en el dinamismo económico.
