Primer aval constitucional al decreto del Govern para facilitar, a través del Institut Català de Finances (ICF), los avales para las fianzas millonarias (en total, 5,4 millones) que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a 34 ex altos cargos de la Generalitat por la acción Exterior entre los años 2011 y 2017. El aval en cuestión ha venido del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), que ha validado por unanimidad la vía gubernamental a pesar de pedir dos modificaciones que el Parlament, por mayoría, ha incorporado a través de una proposición de ley: que la implicación de la ICF sea "excepcional" y "limitada en el tiempo" y que quede claro que los afectados tienen que devolver el dinero a la Generalitat en caso de sentencia firme.
En todo caso, la posición del CGE es diáfana y no deja lugar a dudas: afirma que el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya, dotado con 10 millones, en defensa de sus servidores públicos, es legal, como también lo es que se vehiculen los avales mediante el ICF: "En ningún caso puede ser considerado como un supuesto de derroche de caudales públicos" ni tampoco "comporta ni mucho menos un supuesto, por acción u omisión, de sustracción de dinero público".
Así pues, el dictamen del CGE allana el camino jurídico y político de la decisión tomada in extremis por el Govern al no encontrar ningún banco que quisiera avalar las fianzas. En el Parlament mismo, además del previsible voto favorable de los grupos independentistas (ERC, JxCat y la CUP) y el voto contrario de la derecha españolista (PP, Vox y Ciudadanos), el principal grupo de la oposición, el PSC, se ha abstenido, y también lo han hecho los comunes, las dos siglas catalanas de la coalición de gobierno en España. De forma que todo apunta hacia una hipotética y eventual salida que pasaría por que tanto la Abogacía del Estado, a la cual el mismo Tribunal de Cuentas ha pedido su parecer sobre los avales del ICF, como la Fiscalía, también admitieran la vía propuesta por la Generalitat. Naturalmente, no hay ninguna garantía de que la posición del CGE sea adoptada también por estas instancias, pero en cualquier caso se establece un primer posicionamiento jurídico relevante que no podrá ser simplemente ignorado.
El hecho de que haya ahora más posibilidades de que se encuentre una salida para evitar el lesivo, exagerado y performativo castigo económico (es una fianza que en la práctica se vuelve una condena) perseguido por un Tribunal de Cuentas cuya neutralidad está claramente en entredicho, sería un paso más en la vía de desjudicializar un asunto que solo encontrará solución por vías políticas. Mientras siga la represión judicial, costará mucho que se encarrile un diálogo político que ya de por sí es complicado y que arranca de posiciones muy distantes.
El desenlace de este caso de las fianzas del Tribunal de Cuentas, que se puede todavía alargar unas semanas, resultará decisivo para crear un clima mínimamente propicio para retomar la mesa de diálogo prevista para después de vacaciones. Hasta que los tribunales no pierdan el protagonismo que han tenido todos estos años, no habrá garantías reales de negociación política.
