La incógnita sobre si el calentamiento global se puede parar en los tribunales
Esta semana los activistas por el clima están pendientes de un tribunal de París que tiene que decidir si obliga o no Emmanuel Macron a hacer recortes drásticos en las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2018, varias ONG francesas –entre ellas Greenpeace Francia, Oxfam, la Fundación Nicolas Hulot y Notre Affair à Tous– presentaron una demanda conjunta contra el gobierno francés porque consideraban que sus políticas climáticas son insuficientes para cumplir el Acuerdo de París para reducir el calentamiento global.
No es la primera demanda de este tipo que tienen que estudiar los tribunales. Algunas de estas ONG han presentado una similar contra Pedro Sánchez, y también hay otras interpuestas ante tribunales del Brasil, México, Australia, Canadá o Corea del Sur.
Tienen a su favor una sentencia del 2019 en los Países Bajos, donde el Tribunal Supremo dio la razón a la ONG Urgenda e impuso al gobierno neerlandés un recorte del 25% de las emisiones de CO2 el 2020. En cambio, una demanda sobre el mismo tema que se había presentado contra el gobierno federal de los EE.UU. en la era de Obama no fue tan aclaratoria, puesto que el tribunal allá decidió, en una sentencia que se puede recurrir, que a pesar de la urgencia de la crisis climática, no tenía potestad para decirle al gobierno lo que tenía que hacer.
Será interesante ver qué pasa ahora en París, porque puede ser un precedente de cara a otros procedimientos en tribunales europeos u otros países. Del mismo modo que la sentencia holandesa espoleó otras denuncias, lo que decida el tribunal administrativo de París puede animar a muchos activistas a coger esta vía para presionar gobiernos.
Tenemos, sin embargo, una experiencia no muy buena en Catalunya sobre el hecho de dejar que sean los tribunales de justicia los que decidan las políticas públicas. Por eso, aunque en este caso pueda haber bastante consenso sobre la necesidad de impulsar y presionar para que se hagan efectivas políticas más claras para evitar el calentamiento global, es dudoso que esto se pueda o se tenga que hacer en los tribunales de justicia. Las políticas energéticas de los países dependen de muchos factores y en principio forman parte de los diferentes idearios de los partidos que configuran las mayorías de gobierno. Partidos a los cuales han votado los ciudadanos para que apliquen las políticas sobre los diversos ámbitos.
Una cosa es que los tribunales puedan dirimir sobre aspectos concretos de un litigio y otra que se conviertan en los guardianes ideológicos de determinadas políticas. En algunos países, como España mismo, hemos visto claramente que el sesgo ideológico de los jueces a veces pesa más que lo que deciden las urnas o, incluso, que las decisiones de los especialistas en sanidad, a los cuales no tienen ningún problema en obviar poniendo incluso en peligro la salud de los ciudadanos. Por eso, a pesar de que puede parecer una buena noticia que los tribunales obliguen a los gobiernos a aplicar políticas ambientales más estrictas, hay que tener mucho cuidado si se continúa dejando que la política la hagan los jueces.
