Parar el calentamiento global en los tribunales

El tribunal administrativo de París tiene que dictar sentencia esta semana sobre las políticas climáticas de Emmanuel Macron. La demanda interpuesta por cuatro ONG francesas podría dar una victoria histórica a la lucha climática mundial. Si consiguen un veredicto de culpabilidad, forzarían el gobierno francés a imponer un recorte mucho más drástico de las emisiones de gases de efecto invernadero. No sería la primera vez: la demanda climática contra el gobierno holandés fue la primera en hacer historia en diciembre de 2019, cuando el Tribunal Supremo del país dio la razón a la ONG Urgenda e impuso un recorte del 25% en las emisiones de CO2 holandesas para este mismo 2020. El año pasado fue el gobierno de Irlanda quien tuvo que encajar el golpe judicial que le obliga a hacer un plan climático más ambicioso, a pesar de que la sentencia no es tan contundente como la holandesa. La demanda de Francia, que se resuelve esta semana –a pesar de que todavía podría ser apelada por el gobierno– sería un precedente muy importante por las dimensiones del país, su rol central en Europa y por el hecho que tenga lugar “en un estado tan conservador como el francés”, apunta a este diario Hugo Partouche, uno de los abogados de la firma Vigo, que lidera la demanda de la organización L’Affair du Siecle, formada por Greenpeace Francia, Oxfam, la Fundación Nicolas Hulot y Notre Affair à Tous.

La demanda, interpuesta en 2018, acusa al gobierno francés de estar fracasando a la hora de afrontar la prioridad más urgente del momento, que es la emergencia climática, porque no está reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero al ritmo que haría falta para evitar un calentamiento global de 1,5 ºC, tal como se comprometió en el Acuerdo de París. Una demanda similar se presentó apenas el septiembre pasado contra el gobierno español de Pedro Sánchez por parte de Greenpeace, Oxfam y Ecologistas en Acción.

El año 2020, de hecho, ha visto un boom de este tipo de demandas. Cada vez más ciudadanos y organizaciones recurren a la justicia ordinaria para hacer cumplir a los gobiernos su compromiso de combatir el calentamiento global. El poderoso ejemplo de los Países Bajos es uno de los motivos que ha impulsado este fenómeno, pero también la certeza cada vez más evidente que los gobiernos no están haciendo suficiente. “En el año 2020 se acababa el plazo para que los gobiernos presentaran nuevos planes climáticos más ambiciosos y hubo muchos análisis que constataban que los compromisos no son suficientes”, explica por teléfono el investigador de la Columbia Law School Daniel J. Metzger, uno de los autores del Informe 2020 sobre litigación climática de la UNEP.

Además de la demanda española, en 2020 también fueron llevados a los tribunales los gobiernos de Brasil, México, Australia (con una demanda interpuesta por los supervivientes de los incendios), Canadá (con los indígenas como demandantes) o Corea del Sur. Son demandas que apelan al derecho humano a la vida, la salud y el medio ambiente, “y el caso es sólido, porque el cambio climático pone en riesgo derechos humanos, y varios derechos garantizados por tratados vinculados de la ONU, el problema es que muchos tribunales son reticentes a emitir órdenes que fuercen los estados a hacer algo concreto", explica Metzger. Es lo que ha pasado en los Estados Unidos con la demanda climática de los niños –algunos ya mayores de edad– que se presentó contra el gobierno federal en la era de Obama para urgirlo a tomar medidas más contundentes contra la emergencia climática. A pesar de que todavía se puede recorrer, el tribunal decidió finalmente que no tenía potestad para decir en el gobierno qué tiene que hacer, a pesar de que los tres jueces admitieron la urgencia de la crisis climática y la compararon con la amenaza de un meteorito viajando hacia la Tierra. 

Las demandas que intentan forzar a los gobiernos a hacer políticas climáticas más ambiciosas apelando a los derechos humanos son solo décimas de un total de 1.550 casos judiciales abiertos en 38 países relativos a la crisis climática, tanto contra gobiernos como contra entes privados (1.200 de los cuales se encuentran solo en los EE.UU.). Es casi el doble que hace tres años: en 2017 eran 884 casos en 24 países, 654 de los cuales en los EE.UU.. “Soy escéptico sobre el impacto práctico que puedan tener, pero aunque no todos tengan éxito, su valor simbólico sobre la urgencia de la crisis climática es enorme”, dice Metzger.  

El caso francés sí que parece tener posibilidades de prosperar, según la opinión de un juez independiente que considera que el gobierno tendría que hacer más para cumplir sus compromisos con el Acord de París. No tienen la obligación, pero los tribunales acostumbran a hacer caso de estas opiniones motivadas porque están hechos con el encargo de analizar al por menor el caso para servir de base al veredicto.  

Las mismas cuatro ONG llevan otra demanda similar impulsada por Grande-Synthe, una localidad costera norteña del país que sufre constantes inundaciones y la amenaza del aumento del nivel del mar. Este segundo caso ya está en el Consejo de Estado, máxima autoridad judicial administrativa, que ha dado al gobierno hasta medios de febrero para que explique sus planes de reducción de emisiones. Pero Partouche destaca que la demanda que se decide esta semana en el tribunal administrativo de París creará un precedente mucho más importante, porque es en esta instancia en que "se dirimirán los casos futuros, y una sentencia condenatoria permitirá pedir responsabilidades al gobierno en el futuro" si no hace suficiente para luchar contra el calentamiento global.