Vivienda pública: es tan importante construir como mantener
Existe un amplio consenso político y social en el sentido de que la crisis de la vivienda es una prioridad. Estamos en un momento de urgencia residencial. El incremento de población –en veinte años hemos pasado de 6 a 8 millones de habitantes– y el sector turístico y servicios han tensionado al máximo el mercado de la vivienda. Los precios están disparados, tanto de compra como de alquiler. En especial, para los jóvenes resulta muy difícil emanciparse. La media de edad en la que se marchan de casa está en los 30 años, muy por encima de la europea. El problema de la vivienda es muy grave en Barcelona y toda su área metropolitana, pero en realidad afecta ya al conjunto de Catalunya, con muchas ciudades pequeñas o medianas con coyunturas también complicadas. Basta con ver el caso de El Vendrell que explicamos hoy, ciudad que ha doblado a la población en dos décadas y que ya empieza a generar gentrificación en sus vecinos.
Ante una situación crítica y compleja, las administraciones están apostando, por fin, por promover medidas para proteger realmente el derecho a la vivienda con regulaciones del mercado –aún está por ver la efectividad de los topes en las zonas tensionadas, y seguramente habrá que ir evolucionándolos– y, al mismo tiempo, para construir vivienda pública. Más vale tarde que nunca. La apuesta es bienvenida. El gobierno de Salvador Illa se propone hacer 50.000 entre ahora y el año 2030. Es necesaria regulación y se necesita iniciativa público-privada. Ambas cosas. Porque la situación de partida es muy deficitaria.
En concreto, la falta de vivienda pública en Cataluña viene de lejos: estamos en la cola de Europa en este terreno, con un 1,7% de oferta de pisos de propiedad pública sobre el total (en la UE son el 9%, mientras que en Francia son el 16%, en Austria el 24% y en Países Bajos el 30%). Con una oferta sólida de las administraciones, se logra incidir en los precios del mercado y, al mismo tiempo, fijar unos estándares de calidad. Esto aquí no ha pasado.
Durante unos años, la política de las administraciones catalanas fue que la propiedad de los pisos públicos acabara pasando al usuario, con lo que no se consolidó el parque público. Ahora ya no es así. De modo que, junto al incremento de oferta pública, el reto pasa a ser la gestión de estas viviendas. Y por lo que explicamos hoy en el ARA, centrándonos en el caso de Barcelona, el modelo no acaba de funcionar. Tanto el sistema de adjudicación como el mantenimiento de los edificios presentan ineficiencias. Nos encontramos con la paradoja de que una parte del parque de pisos públicos está vacía: el modelo es el derecho de superficie, que significa que el beneficiado adquiere el piso a un precio muy por debajo del mercado para un período de 75 años, tras el cual lo devuelve a manos públicas. Pero a menudo ocurre que los adjudicatarios no tienen suficientes recursos para pagar la entrada o para contratar una hipoteca.
El otro problema, el del mantenimiento, también es grave. En el caso barcelonés, se está evidenciando que la empresa municipal IMHAB está infradotada, tal y como denuncian en el ARA sus trabajadores y reconoce al propio gerente. Esto provoca que los inquilinos no tengan una interlocución fluida con la administración para resolver incidencias cotidianas. En resumen: es necesario poner manos a la obra y manos a la buena gestión.
