Este fin de semana explicábamos al ARA los problemas con la gestión de la vivienda pública en Barcelona, ahora que el objetivo es que crezca con celeridad y que se mantenga la propiedad pública. Es una de las caras de la crisis residencial que vivimos. Pero hay otros, claro. Y entre ellas una de las más extremas es la que afecta a la parte más vulnerable de la sociedad. Si el Ayuntamiento tiene un problema con su parque público residencial –tanto a la hora de realizar las adjudicaciones como cuando se trata del mantenimiento de los inmuebles–, también tiene uno con la necesidad de alojar bajo un techo a las personas sin recursos expulsadas de casa y abocadas a vivir a la calle. A menudo, además, la capital atrae a ciudadanos metropolitanos que no encuentran apoyo en sus municipios.
Según los datos que aportamos hoy al diario, existen 3.000 personas sin vivienda que reciben ayuda para vivir temporalmente en hostales modestos a través de acuerdos del Ayuntamiento con estos establecimientos turísticos. Tan modestos, que quienes van a parar denuncian deficiencias como poca higiene, falta de espacio, ruidos, plagas de escarabajos y comida poco saludable. El municipio no tiene espacios propios suficientes para atender una demanda creciente, de ahí que tenga que recurrir a las pensiones, una solución que en principio, según la normativa propia, solo debería alargarse seis meses por afectado, pero que en la práctica se está convirtiendo en estructural. El 65% de las personas afectadas sobrepasan los seis meses, un tercio llevan en esta situación entre uno y dos años y un 15% entre dos y tres. Algunas hasta seis años.
Este sistema, además, tiene un notable coste para el consistorio: 38 millones presupuestados para 2025 para 3.000 personas, los mismos que el año pasado. En 2022 fueron 27 millones para 2.300 plazas. Con los números actuales supone un gasto de 1.000 euros al mes por persona. La mayor paradoja es que la mayoría de dinero se vehicula a través de un contrato con la empresa turística BCD Travel, que es la que se encarga de buscar las plazas libres en hostales, albergues, pensiones o pisos. En estos momentos, casi todas las pensiones de la ciudad de categorías bajas están reservadas por los servicios sociales. Aunque se han aumentado las inspecciones en estos establecimientos, las quejas se mantienen, aunque a menudo, por miedo a perder la ayuda, no lleguen por los canales oficiales. En todo caso, usuarios, trabajadoras sociales y el propio Síndic de Greuges de la ciudad piden un cambio de modelo. Y el Ayuntamiento dice estar trabajando, a la vez que hace constar las 15.000 ayudas por un valor de 7,1 millones de euros que el año pasado se dieron a familias para evitar desahucios.
Realmente, urge ir hacia una gestión diferente para el alojamiento de este colectivo más desfavorecido, un sistema que sea más eficiente en términos económicos y más humano en el trato. Porque la realidad es que se dan casos como los de una familia de cinco miembros que vive apilonada en una habitación, de una madre cuyo hijo deben dormir en la misma cama o de un niño que lleva media vida viviendo así y escondiéndolo, por vergüenza, a los compañeros de escuela.
