En su último barómetro, el CIS incluye una encuesta sobre la opinión que los ciudadanos españoles tienen de la Constitución, aprovechando la ocasión de que este martes se celebra en Madrid un acto solemne que unirá el Congreso y el Senado en lo más puro espíritu de la Transición. La idea es celebrar que la actual Constitución, la de 1978, es la "más longeva" de la historia. Las anteriores (promulgadas en los años 1812, 1834, 1837, 1845, 1869, 1876 y 1931) tuvieron vidas más bien cortas, debido a un no parar de pronunciamientos, levantamientos, revueltas y golpes de estado militares que en la última ocasión tuvo (1) longeva. En la tradición política española, hacer brindis por la longevidad de los períodos democráticos (justamente cuando la amenaza no militar, pero sí de la extrema derecha ultraespañolista, vuelve a coger fuerza) tiene un punto de gritar el mal tiempo.
En todo caso, y cómo puede leer en la crónica de Núria Orriols en este diario, la encuesta muestra que una mayoría incontestable de españoles –concretamente, un 84,3%– consideran que la Constitución "necesita alguna reforma", como si fuera una finca o el chalé de verano. De esta fiebre reformista, la gran mayoría se decanta por modificaciones sobre derechos sociales, económicos o laborales. Las cuestiones territoriales (el reconocimiento de la diversidad plurinacional del estado español, de la nación catalana o de la vasca) o la forma del estado (monarquía o república) son "reformas" que sólo piden un 13,8% de los encuestados, que corresponde –equitativamente, dentro de la visión de España del CIS de Tezanos– a los independentistas catalanes. Luego hay encuestados que tienen un espíritu reformista amplio y burdo, y piden, por tanto, "reformas importantes", mientras que otros, menos ambiciosos, se conforman con "pequeños cambios".
Hay uno, de posible y necesario cambio en la Constitución española, que seguramente pedirán pocos, pero que sería importante. Se trata de la reforma del artículo 3, en particular de sus puntos 1 y 2, que consagran la desigualdad entre el castellano (lengua oficial de España, que todos los españoles tienen el "deber" de conocer) y unas lenguas misteriosas que son llamadas "las otras lenguas españolas", que no aparecen ni siquiera mencionadas por sus nombres, de las que se reconocen sus estatutos". Es, ciertamente, una desigualdad que no se sostiene en una democracia que se dice a menudo a sí misma "llena" y "avanzada". Seguramente no habría que reformar la Constitución: bastaría con una ley de lenguas que dejara claras las cuatro lenguas (catalán, gallego, euskera y castellano) que se hablan en el estado plurilingüe que es España y que equiparara a las cuatro como plenamente oficiales en todo el territorio, con todas las consecuencias que ello conlleva. Para empezar, en el ámbito educativo: estas cuatro lenguas deberían ser enseñadas y aprendidas en todas las escuelas públicas de todo el Estado.
