El camino alemán para tratar la extrema derecha

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El copresidente del grupo de Alternativa por Alemania al Bundestag, Alexander Gauland, este miércoles en Berlín

Los servicios secretos alemanes han puesto bajo vigilancia el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), que es la primera fuerza de la oposición en el Bundestag, con 88 diputados, ante el gobierno de coalición formado por las dos formaciones mayoritarias, los democristianos y los socialdemócratas. Así lo ha determinado la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) en una decisión inédita desde el fin del régimen nazi en 1945. La BfV considera que tiene indicios suficientes que apuntan a que la AfD actúa contra los principios constitucionales y a partir de ahora podrá hacer actuaciones como la interceptación de comunicaciones entre dirigentes del partido o infiltrarse dentro de su estructura para recaudar pruebas de cara a una eventual ilegalización. Este último paso, sin embargo, lo tendría que decidir el Tribunal Constitucional alemán.

El paso dado por las autoridades alemanas plantea dudas porque afecta al nivel de disidencia que puede soportar una democracia, pero también es cierto que marca un camino muy claro sobre cómo tratar el fenómeno de la extrema derecha en Europa. La casualidad ha querido que el mismo día que los eurodiputados de la formación de Viktor Orbán han abandonado el grupo del Partido Popular Europeo y que Francia ha disuelto un grupúsculo de extrema derecha que perseguía inmigrantes en la zona de los Pirineos. En los últimos años, y por influencia del trumpismo, hemos visto cómo estos partidos se introducían en las instituciones para usarlas como altavoz de su discurso de odio contra los inmigrantes, las feministas, la comunidad LGTBI, etc. Y ante esto las democracias tienen que buscar la manera de defenderse. Eso sí, sin traicionar sus principios ni favorecer el discurso victimista de los extremistas.

Precisamente, ahora Catalunya tendrá que afrontar este debate alrededor de la entrada de Vox en el Parlament. Ayer hubo una primera reunión entre los partidos de tradición catalanista (PSC, ERC, JxCat, CUP y comunes) para abordar la cuestión. De entrada, ya sabemos que tanto el PP como Ciudadanos no quieren participar en ninguna estrategia para aislar a la extrema derecha, puesto que en lugares como Madrid o Andalucía los gobiernos de estos partidos dependen de Vox. Este hecho diferencia a estos partidos de sus homólogos europeos, que son mucho más restrictivos a la hora de pactar con la extrema derecha. Esta es una anomalía española que también se verá en el Parlament.

Sea como fuere, es positivo que los partidos que se reunieron ayer llegaran a un acuerdo de mínimos que, por ejemplo, deje a Vox fuera de la mesa del Parlament y asegure que ninguno de ellos se servirá de sus diputados. Este acuerdo también tendría la virtud de mostrar que, más allá de la división entre independentistas y no independentistas, hay todavía una barrera que separa a estos partidos de la triple derecha. Habrá que estar preparados, sin embargo, para los patochadas de Vox y la previsible utilización que hará del Parlament. Ayer ya se negaron a firmar el compromiso que les pedía la cámara contra la discriminación y el acoso incluido en el plan de igualdad aprobado en la legislatura pasada.

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