20/08/2021

Un cártel de constructoras para repartirse las obras públicas

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Obras en un tramo de carretera en Vallirana.

BarcelonaLa Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha sancionado este viernes con un total de 61,3 millones de euros a doce empresas, entre las cuales hay filiales de las constructoras de Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, FCC, Elecnor, Copcisa y Sacyr, por una infracción constitutiva de un cártel para repartirse las licitaciones convocadas por el ministerio de Fomento entre los años 2014 y 2018 para arreglar carreteras. Además, Competencia prohíbe que contraten con la administración pública por un tiempo indeterminado. A pesar de que no es la primera vez que se ponen multas de este estilo (en 2019 se puso una multa similar a un cártel que monopolizaba las licitaciones de Adif), esta decisión es especialmente significativa porque revela una forma de proceder que altera completamente las reglas de la competencia y que ha condenado a decenas de empresas que actuaban de forma legal y veían como, una y otra vez, se quedaban fuera de los concursos públicos.

La investigación de la CNMC, iniciada a partir de la denuncia de un particular, ha demostrado que las empresas sancionadas se reunían para pactar los precios que presentarían y participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas. Entre 2014 y 2019, las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el ministerio de Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la red de carreteras del Estado. El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 millones de euros, hecho que supone el 63% del importe total adjudicado por el ministerio para los servicios de conservación de la red de carreteras del Estado.

Son cifras muy importantes que proyectan una sombra muy alargada sobre la contratación pública, sobre todo del ministerio de Fomento en la época en que gobernaba el PP de Mariano Rajoy. Precisamente, el próximo mes está previsto que la justicia emita la sentencia sobre la llamada caja B del PP, un sistema de financiación irregular basada en comisiones a cambio de obra pública. La investigación de la CNMC no entra en las posibles conexiones políticas del cártel, pero resulta inevitable conectarlo con el hecho que el PP es el epicentro de la corrupción pública en España.

En todo caso, hay que aplaudir los esfuerzos de la CNMC para desenmascarar estas prácticas y poner sanciones ejemplares. Pero la prioridad tiene que ser evitar que las grandes empresas y sus filiales aprovechen su posición de privilegio para chupar la mayoría de recursos públicos destinados a obra pública. Ante la llegada de los fondos europeos, la administración tiene que afinar al máximo los mecanismos para asegurar un reparto transparente y equitativo, que tenga en cuenta todo el tejido empresarial, en especial a las pymes. En este sentido, la mejor solución sería establecer un organismo independiente que hiciera el seguimiento tanto de la concesión de los fondos como del control de su uso, es decir, que asegurara que el dinero se destina a los objetivos marcados por la UE y no a otra cosa.

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