Circula una especie de mito recurrente que señala que en Catalunya se reprime menos la protesta social que en España porque muchas de las funciones de seguridad y policiales están transferidas. Es posible que haya sido así en algún momento, pero desde luego no lo parece en relación a la represión del movimiento de vivienda. Desde marzo de 2019 hasta octubre de 2021, los Mossos lo han bombardeado con multas –364 por un importe de 206.000 euros– gracias a la ley mordaza.
Precisamente, esta ley del PP se redactó como reacción a las protestas sociales desencadenadas por la crisis del 2008 y contra la potencia y legitimidad creciente que fue adquiriendo la PAH. Aunque se aplica para reprimir todo tipo de protestas, la ley mordaza tiene entre su articulado normas específicas para impedir la acción del movimiento de vivienda cuando trata de parar desahucios –como el que penaliza la obstrucción a las comisiones judiciales–. Lo que parece extraño es que se esté aplicando con tanta saña en Cataluña, no solo con el gobierno anterior, sino también con el actual liderado por ERC, que dice estar en contra de los principales elementos del articulado de la ley.
De hecho, los republicanos han presentado una serie de enmiendas que restringen el poder de los agentes y que anulan o modifican sustancialmente los artículos que más se utilizan contra la PAH y el Sindicat de Llogateres. Estos son el ya citado de obstrucción a las comisiones judiciales, pero también el de desobediencia a las órdenes policiales y el de falta de respeto a los agentes –en Madrid se ha llegado a multar a activistas por cantar: “Me cuidan mis amigas y no la policía”–. Estas infracciones mencionadas, constituyen límites evidentes a las libertades civiles y al derecho de protesta y verdaderos coladeros de la arbitrariedad policial, teniendo en cuenta además que la misma ley consagra la “presunción de veracidad de los agentes”. Es decir, que su palabra es suficiente ante cualquier otro testimonio e incluso frente a pruebas documentales en contra, lo que abre paso al despotismo policial. De hecho, la ley mordaza consigue que la misma instancia acusadora sea la que sanciona. Los policías son juez y parte.
Es difícil pues, que ninguna fuerza de seguridad sea del color que sea, o cualquier Conseller de Interior quiera renunciar a las facilidades otorgadas por esta ley para la represión de los movimientos sociales. Tampoco parece que ningún gobierno central, incluso “el más progresista de la historia” vaya a deshacerse de las herramientas represivas que le regaló la mayoría absoluta de Rajoy, por más que protestaran en su día. Para qué engañarnos, una de las principales funciones del Estado es la protección de la propiedad privada. La vivienda es además una de las principales inversiones cuyas rentas sostienen a las clases medias catalanas y españolas mientras los salarios bajan.
La reforma que está negociando el gobierno mejora algunos detalles casi cosméticos, pero preserva el corazón represivo y antidemocrático de la norma. Las libertades de expresión, reunión, manifestación e información seguirán amordazadas, como explican desde No Somos Delito, “ya que se mantienen las infracciones más utilizadas para desmovilizar la protesta”. Estas son las que ERC recoge en sus enmiendas. Al mismo tiempo, de tapadillo, el PSOE trata de introducir pasos atrás ya que pretende extender la presunción de veracidad a los funcionarios de prisiones –es decir, “blindarlos” antes las acusaciones de tortura– el mismo mes que el Consejo de Europa reclama a España medidas contra los malos tratos en las cárceles.
ERC ha condicionado su apoyo a los presupuestos a un Netflix con contenidos en catalán, un servicio al que parece que no se le podrá imponer ninguna cuota y que, además, no todos pueden pagar. Más allá de lo interesante que nos parezca la medida, que no se trata de debatir aquí, quizás hubiese sido mucho más saludable para la democracia que los republicanos hubiesen puesto como condición sus acertadas enmiendas a la ley mordaza, que también puede ser aplicada contra el independentismo. Desde la calle y los movimientos también tendríamos que haber presionado más para que algo así pudiese suceder.
Se espera un invierno movido donde se activarán momentos de lucha importantes por la derogación de la reforma laboral del PP o una nueva regulación de las pensiones que se prevé regresiva. La conflictividad laboral también parece estar aumentando. Los ciudadanos, los trabajadores, catalanes o españoles que protestemos seremos sepultados en multas si nadie lo remedia.
