La cuota de un 50% de títulos en castellano que impone el ministerio de Cultura (comandado por Miquel Iceta) a las compras de libros de las bibliotecas públicas, y que será condición para poder acceder a las ayudas europeas en este ámbito (diez millones de euros que tienen que servir para adquirir 450.000 libros), es un escándalo por muchos motivos. El primero de todos, porque constituye una falta de respeto difícilmente superable al trabajo de los bibliotecarios, personal formado y especializado, a quien hace falta absolutamente dejar trabajar en función de criterios técnicos y de las necesidades de cada biblioteca. Las bibliotecas públicas hacen una tarea social de primer orden, y obviamente no tiene los mismos requerimientos la biblioteca de un pueblo pequeño que la de una ciudad de dimensiones medianas, la que está situada en un barrio pobre que la que se encuentra en una zona rica, etc. Las compras de libros se tienen que hacer, insistamos, de acuerdo con el conocimiento del bibliotecario, y no dependiendo del capricho del político de turno, que llega a una decisión como consecuencia de una u otra maniobra coyuntural.
En este caso, la “maniobra coyuntural” consiste en una demostración de la firmeza de los socialistas "en defensa" del castellano, una lengua que, como insisten en vociferar los partidos políticos y los medios de comunicación del nacionalismo español, se encuentra en grave peligro de recesión, como mínimo, en Catalunya y en las Baleares, por culpa de los independentistas. Naturalmente esto es una mentira que podría llegar a dar risa, si no fuera por que se ha aceptado como argumento en el debate político. Y, como se ha aceptado como argumento en el debate político, la respuesta de los socialistas –españoles y catalanes– no consiste en desactivar la mentira, sino en responder con una extorsión: o ponéis al menos un cincuenta por ciento de libros en castellano en las bibliotecas públicas u os quedáis sin fondos europeos en esta materia. La respuesta de los gobiernos de Catalunya y de Baleares, a su vez, es negociar esta extorsión y darse más o menos por satisfechos por haber conseguido rebajar la cuota a un 50%, puesto que las pretensiones iniciales del ministerio llegaban hasta el 87%.
Como tantas veces, todo ello es un esperpento basado en mentiras, imposturas y (sobre todo) una total y olímpica ignorancia del tema que se trata. La realidad es que, sin imponer ninguna cuota, la gran mayoría de los libros de las bibliotecas públicas de Catalunya, según los datos del Sistema de Lectura Pública, ya son en castellano, por la sencilla razón de que el mercado editorial ya es así: se publican muchos más títulos en castellano que en catalán. Los libros en catalán representan alrededor de un 25% del catálogo de las bibliotecas públicas, de forma que, si se impone la proporción del 50% para cada lengua, todavía le quitarían al castellano un 25% de hegemonía. No tan solo la cultura y la lectura les importan un pepino y no tienen ni la más remota idea de qué es y para qué sirve una biblioteca pública: es que su ignorancia y su frivolidad no les permiten ser buenos ni para chantajear.
