El PP sigue denunciando cada día, con mucho gritos y gesticulación, el golpe contra la democracia que según ellos representa la ley de amnistía, y sigue también apoyando a todo juez prevaricador que decida violentarla o saltársela. Al tiempo que hace esto, también aprueba sus propias leyes en las comunidades donde gobierna, solo o con Vox. Dentro de esta actividad legislativa en los parlamentos autonómicos, sobresalen las leyes educativas contra la escuela pública y la lengua catalana, así como las leyes que la derecha ultranacionalista española llama "de concordia", y que en realidad son leyes de obstrucción contra la memoria democrática . También podría llamarse, más acertadamente, leyes de encubrimiento de los crímenes del franquismo. Se han aprobado en los parlamentos de Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Baleares, y han merecido el rechazo frontal de los partidos de la oposición, de una parte importante de la sociedad civil (desde las entidades de memoria histórica hasta la comunidad universitaria) y de las Naciones Unidas.
Todas estas leyes “de concordia” se proponen dos cosas: dejar sin efectos, en sus respectivos territorios, la legislación autonómica o estatal sobre memoria histórica, y librar una de las patéticas guerras culturales de la extrema derecha. En efecto, al igual que han conseguido hacerse suya la palabra libertad, que han ensuciado hasta convertirla en un sinónimo del individualismo exacerbado y de la ruptura de la cohesión social, ahora buscan resignificar concordia y atar esta palabra a la desmemoria histórica ya un silenciamiento de las víctimas del franquismo que se quiere definitivo. Ya lo hizo el mismo franquismo durante la dictadura: ellos también se alababan, en su día, de haber dado a España “veinticinco años de paz”. Era, como es sabido, la paz de las fosas comunes, una paz forjada con odio, torturas y asesinatos. Esta concordia está cocinada con los mismos ingredientes, resfriados (y eso empeora) por cuatro décadas de olvido impuesto por el relato de la Transición.
Estas leyes buscan echar la palada de tierra definitiva sobre unos muertos que molestan. Todas se asemejan ya la vez todas tienen particularidades: la valenciana, por ejemplo, se estira hacia atrás (para incluir los años de la República) y hacia adelante (para condenar el terrorismo etarra): un disparate equivalente, para seguir el paralelismo, a tener que condenar a los muertos de la República de Weimar y los de la Baader-Meinhof por poder condenar los crímenes del nazismo, poniéndolo todo dentro de un saco.
El gesto de odio del presidente del Parlamento de Baleares, Gabriel Le Senne, desgajando el retrato de Aurora Picornell y de las Rojas del Molinar, no fue casual. Eso sí, no va a quedar sin respuesta: Le Senne se enfrenta a una denuncia por delito de odio interpuesta por los familiares de las mujeres que él quiso escarnecer. (Una nota final para los lectores que ya tiene listo el comentario del tipo “disfruta lo que ha votado” o “son los gobernantes que ha querido”: frene y ahorre, por una vez, hacer el ridículo).
