La condena sin juicio del Tribunal de Cuentas
BarcelonaEn política las casualidades siempre son sospechosas. Cuando no había pasado ni una hora del anuncio del acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos y el Tribunal de Cuentas, esta última institución hacía pública una nota en la que rechazaba los avales del Institut Català de Finances (ICF) a los encausados en el caso de Exteriores. Y a continuación ordenaba que se procediera a embargar los bienes de todos ellos hasta cubrir una fianza de 5,4 millones de euros. Es ciertamente alarmante que, al poco de saberse que se renovarán los cargos del Tribunal de Cuentas, hasta ahora controlado por el PP mediante la ex ministra Margarita Mariscal de Gante, la instructora del caso de Exteriores, Esperanza García, hiciera pública una decisión que, además de parecer una revancha política contra el independentismo, supone de facto una condena sin que haya habido ningún juicio.
La instructora del caso toma la decisión haciendo una lectura sesgada del decreto de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat, puesto que afirma que no cubre el caso de los afectados por esta causa porque "no ampara las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave". Es evidente que el decreto no ampara estas conductas porque prevé que cuando haya sentencia firme en contra de los servidores públicos que se hayan beneficiado de los avales los tendrán que devolver. Lo que no se puede hacer es presuponer "la conducta dolosa" sin que haya habido juicio. Parece evidente que la instructora hace una lectura antijurídica de un decreto que fue avalado por el Consell de Garanties Estatutàries y que no ha sido recurrido por el gobierno español ante el TC.
Lo más lamentable es que este desenlace era esperado incluso por los afectados, puesto que todo el procedimiento en el Tribunal de Cuentas está rodeado de irregularidades e inseguridad jurídica. Por eso los partidos ya hacía tiempos que preparaban una respuesta por si se daba este rechazo a los avales, que esperamos que esta vez no se pueda tumbar, porque lo que no se puede permitir es que a servidores públicos de prestigio, algunos incluso sin carné de partido, se les arruine la vida por una revancha de las estructuras profundas del Estado contra todo aquello que les suena a independentismo.
En todo caso, aprovechando la renovación de los cargos del Tribunal de Cuentas, el gobierno español tendría que proceder a una reforma integral de una institución desprestigiada y manchada por múltiples escándalos de nepotismo. Ya no se trata solo de proteger a los cargos políticos y a los funcionarios que se limitaron a cumplir con sus funciones en el caso de Exteriores, sino de evitar que esta institución se pueda usar para perseguir a la disidencia política, sea cual sea, a base de multas y embargos.
De momento es evidente que la actuación del Tribunal de Cuentas ya ha hecho mucho mal, puesto que cada vez será más difícil para un profesional dar el paso a la administración pública cuando sabe que puede estar expuesto a un riesgo como este. Y el resultado de todo esto es el empobrecimiento y la degradación democrática.
