«Cuando no cumplimos comienzan
a darse situaciones muy comprometidas»
Lucía Topolansky
Si el gobierno municipal, catalán y estatal han fijado la democracia y la transparencia como guía y motor quizás habrá que recordar las vías de agua que tienen abiertas. Arrancando por el caso Ábalos, que no es ningún cualquiera ni el último concejal del penúltimo pueblo sino todo un ex ministro, apparachik, impulsor del sanchismo y todopoderoso ex secretario de organización del PSOE. Y terminando por Leire de España, con su aparición estelar de vodevil celtibérico, incluida la escena de sainete madrileño con la irrupción de Víctor de Aldama: como hace tantos años la aparición estrellada de Juan Guerra o el "que te pego, leche" de Ruiz-Mateos con Boyer. Desde esta perspectiva, el gag del Polonia del pasado jueves es el resumen más lúcido, risa para no llorar, de un panorama paradójico, tan canjeable e inverso que PP y PSOE intercambian las mismas acusaciones, sin distinción y en doble sentido. Se acusan por igual del mismo, y eso que hablamos de escalas, dimensiones e intensidades bastante distintas, que no merman ninguna gravedad. Y, sin embargo, si algo sabemos desde el principio es que estas tramas, lodales y alfarerías pasan mucha más factura a izquierda que a derecha –y por eso las derechas aprietan tanto–. Que la manifestación convocada por la mafia este domingo invoque precisamente la lucha contra la mafia, en nombre de la democracia, no deja de ser un icónico espejo del tiempo. Si este gobierno es mafia, ¿cómo calificaríamos al anterior? Espejos chinos sin magia: si unos tienen Villarejo, habrá que recordar que los infiltrados en los movimientos sociales son cortesía exclusiva de Grande-Marlaska. Y que ambos emplearon Pegasus por igual. Al fin y al cabo, la broma pesada de la semana es que a Blanca Serra no le dejan consultar, en el Archivo Nacional de Catalunya, los expedientes que documentarían los detalles de su denuncia por torturas bajo el franquismo. La broma macabra es que esos archivos son suyos y fue ella misma quien los dio hace muchos años a la institución que preserva la memoria y hoy la impide. Una tras otra sin solución de continuidad.
En estela similar, si el gobierno municipal, catalán y estatal han centrado la vivienda como problema número uno de una sociedad socialmente insegura –para emplear el título del último Informe Foessa–, habrá que pasar el examen de realidad como prueba de algodón. No sin reconocer la indiscutible e imprescindible razón de hacerlo, aunque sea tarde. Y sin dejar de atribuir el mérito, de abajo a arriba, a unos movimientos sociales que, afónicos, llevan una década levantando la voz. Pero palabras generales nunca son hechos concretos y se me ocurren algunas manchas enormes que resquebrajan la proclama oficial. Catalunya, un año más, sigue encabezando, ininterrumpidamente y desde 2009, el ranking de la sangría de los desahucios cotidianos: 7.381 en el 2024, a razón de 20 diarios. El pasado miércoles, en la carretera de Sants, Pepi, de 80 años, era desahuciada por 114 agentes de los Mossos d'Esquadra –85 de ellos antidisturbios–por no poder asumir un alquiler de 800 euros mensuales. 114 contra una mujer, una proporción exacta. Gobierno de todos; pero de Pepi, no. No está de más esclarecer que Pedro Sánchez lleva siete años gobernando: es decir, que ya no puede recurrir a la excusa argumental de atribuir el desbarajuste a los gobiernos anteriores. A su vez, el gobierno catalán, es sabido, ha anunciado la construcción de 50.000 pisos nuevos antes de 2040. Antes de 2040 habremos perdido –suma cero– 50.000 sólo en la provincia de Barcelona: pisos protegidos que se desprotegirán y pasarán al mercado libre. Quizá por eso, entre el más absoluto de los silencios, pasa desapercibida la digna huelga de inquilinos de La Caixa, el tenedor privado con más pisos en Catalunya: 62 familias de Sitges, Banyoles y Sentmenat que se oponen a ese final privatizado anunciado. El Sindicato de Inquilinos y la Fundación Coop57 impulsan una campaña de solidaridad, por si quieren y pueden echar una mano. Más de lo mismo, lo que está pasando bajo el puente de Vallcarca en los últimos meses también resquebraja en el suelo lo que a los cuatro vientos se proclama desde el Ayuntamiento: no se puede pregonar con una mano el derecho a la vivienda como prioridad y con la otra, por vías expeditivas y autoritarias, expulsar, desahuciar y segregar.
Y, finalmente, en idéntica parsimonia y para no dejar de hurgar en las contradicciones que nos llevarán al desbarajuste completo o la indolencia entera, si el gobierno municipal, el catalán y el estatal han centrado el genocidio en Gaza como eje central geopolítico para una agenda de paz y resolución, habrá que hablar todavía de trasiego universal de . De los 46 contratos militares, por valor de 1.044 millones de euros, que el gobierno español formalizó con la industria militar israelí desde el fatídico octubre de 2023, sólo se ha anunciado, por ahora, la suspensión de uno –y todavía tenemos que ver cómo se cancela–. Ya es curioso que Pedro Sánchez quisiera cuestionar estos datos en sede parlamentaria, conocidos por la impecable e incansable labor del Centro Delàs de Estudios por la Paz. Porque cuestionándolas no hacía más que desmentirse a sí mismo: la fuente única son los datos oficiales facilitados por el propio Estado. Porque si alguien es impreciso, en el siempre turbio y opaco negocio de la muerte, es el propio Estado. Porque no habrá que olvidar que el Reino de España es la séptima potencia exportadora de armas del mundo. Y porque se acaba de anunciar una bestial inyección pública de 10.471 millones de euros en el complejo militar-industrial español, lo que nos devuelve al aporía sin salida ya conocida: el gobierno más progresista de la historia sigue siendo el gobierno más militarista de la historia –y eso afecta, directa e indirectamente, a todos los partidos que apoyan a la “majo”.
El otro día, un abogado andaluz, listo como el hambre y comprometido como el hambre, me sugería que este gobierno –dice municipal, catalán o estatal– tenía todo el aspecto de convertirse en una desdicha de cloroformo que ni hace ni deja hacer. Ordena mirar a otro lado en aras de obturar el advenimiento de la extrema derecha ya la vez suspira y conspira en espera de que sean los deméritos de los demás los que le den permanencia. Ayer mismo, Ayuso –la explosión de la tercera aznaridad– se iba al escuchar la lengua oficial del país en su capital –y con qué finura disertaba hace 20 años Vázquez Montalbán sobre los “separadores”–. Pepe Mujica, compañero de amor y utopía de Lucía Topolansky, que dialogó como nadie con la derrota, la frustración y el fracaso por no dejarse de sublevar nunca, me lleva a una máxima memorable del caso Huertas Claveria: "La izquierda tradicional no hace nada. Por eso es tradicional". Me da la impresión de que la estricta realidad y una rabiüda cotidianidad lo ratifican de nuevo.
