Para mí, el acuerdo entre el Govern, la UGT y CCOO era una solución solvente al conflicto laboral en el sector educativo. Un buen equilibrio entre, por un lado, la realidad de los ingresos de la Generalitat y, por otro, dos factores que presionan sobre el gasto: la necesidad de mejorar los resultados educativos de los alumnos y la necesidad de actualizar los sueldos de los profesores. Desgraciadamente, en el acuerdo no participa el sindicato mayoritario, que se ha lanzado a la huelga y a la calle. La negociación se ha reabierto. Veremos cómo acaba, pero no pinta bien. La Generalitat tiene muchos sectores a atender y no podrá resolver la situación asignando a la educación muchos más recursos de los que había previsto en el acuerdo. Si aumenta los sueldos por encima de lo previsto será, se quiera o no, a costa de partidas de calidad. Por cierto, no me puedo estar de mencionar un aspecto del conflicto que me perturba: la amenaza, minoritaria pero no suficientemente desautorizada, de dejar a los alumnos sin colonias escolares. Es irresponsable, y debo decir que no he visto nada semejante en el conflicto paralelo que ha habido en el ámbito de la salud.
Para entender qué mueve la contratación de personal en el sector de la educación es conveniente contemplarlo desde la óptica más general de la contratación del sector público.
Por el lado de la oferta de puestos de trabajo en el sector, tenemos una tipología triple de contratos: los temporales –incluidos los de interinidad–, los laborales indefinidos (ocupación estable) y los de funcionario, que se distinguen de los laborales indefinidos en el hecho de que comportan una garantía absoluta de ocupación. Es superestable. Europa ha cuestionado los niveles de interinidad en España, y esto está llevando a limitar su uso. Por el lado de la demanda, hay tres aspectos que, en un grado u otro, hacen deseable un puesto de trabajo concreto: la concordancia vocacional (que sintonice con formación, aptitudes e intereses), la estabilidad contractual y el sueldo (más en general: las condiciones de trabajo). Es razonable esperar que cuanto menos concordancia y estabilidad, más alto debería ser el sueldo para inducir la aceptación del contrato laboral correspondiente. Dado que en la práctica la tendencia es valorar la superestabilidad del contrato funcionarial muy por encima del laboral indefinido (que, en este contexto, a menudo recibe la calificación de "precario"), sería natural que lo que observásemos fuera que, por el mismo trabajo, el sueldo de funcionario estuviera por debajo del sueldo del contrato laboral indefinido. En niveles de calificación muy elevados es lo que vemos. Un abogado del Estado tiene unos ingresos inferiores en el sector público que en el privado. En este caso, sin embargo, la causa no será tanto la preferencia por la superestabilidad como la vocación de servicio público. Ahora bien, en los niveles intermedios de las administraciones podemos ver fácilmente lo contrario: en el sector privado, un profesor de instituto típicamente no ganaría más, sino menos.
Una explicación de la paradoja podríamos encontrarla en lo que los economistas denominamos inconsistencia temporal. Puede que un trabajador que quiere acceder al sector público esté dispuesto a aceptar una oferta que le dé superestabilidad por un sueldo relativamente bajo. Pero el cálculo económico se invierte cuando ya ha adquirido esta condición: su posición negociadora ha mejorado enormemente. La decisión sobre el sueldo, que antes era la buena, ya no lo es una vez instalado en la superestabilidad.
Con todo esto, para muchos empleos la ocupación pública será imbatible: más estabilidad y más sueldo, al contrario de lo esperable. La consecuencia es que sea tan atractiva que se genere una dinámica expansiva en la ocupación pública. Si un choque temporal, como una pandemia, demanda la contratación de nuevos trabajadores, lo más lógico es contratarlos por la vía temporal o por la vía del encargo a empresas privadas. Pero el desprestigio interesado del contrato temporal o del subcontrato –calificados siempre de precarios–, combinado con el atractivo del contrato público, hace que, por más evidente que sea que la tarea que se desarrolla es temporal, la presión sea irresistible y el resultado neto acabe siendo un incremento desordenado y nada planeado de la ocupación pública permanente.
Es una tendencia expansiva que no es sostenible. Para mí, el camino para estrangularla pasaría por hacer del contrato laboral indefinido, mucho más flexible que el funcionarial, un referente más central de la contratación pública. Pero supongo que lo más probable será un gran impulso a la robotización (más efectiva para maquinistas de tren que para maestros, pero).
