19/04/2021

Los crímenes subsidiarios de la UE en el Mediterráneo

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Misión de rescate del Open Arms ante las costas libias .
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Hace unos días, Dinamarca comunicaba a un centenar de refugiados sirios que debían volver a su país porque ya es seguro. Obligarles a regresar a una Siria en guerra, en ruinas y bajo una dictadura que no olvida ni perdona parece el penúltimo gesto de inhumanidad europea, confirmación de que los valores universales y las obligaciones legales que una vez sustentaron la Unión, convirtiéndola en ejemplo de democracias, son ahora un defecto a eliminar. 

Los derechos humanos se han convertido en un estorbo y van camino de ser delito, como demuestra la campaña de criminalización contra las ONG. Y con la pandemia sólo cabe esperar que el escaso disimulo a la hora de revertir políticas humanistas sea eliminado, ahora que las prioridades se han revertido y la salud occidental lo es todo. 

Tomemos como ejemplo Libia, país fracturado por una guerra de diez años, un estado fallido en manos de las milicias pero interlocutor privilegiado de Italia, y por extensión de la UE, en quien delegar la gestión migratoria pese a que no reúne las mínimas condiciones que definen un lugar seguro ni un estado de Derecho. Abd Rahman al Milad, más conocido como Bija, es uno de los más conocidos y peligrosos jefe mafiosos del país: es acusado de trata, del asesinato de personas, de contrabando de petróleo y de tráfico de armas. Con el acuerdo entre Italia y Libia de 2017 mediante el cual Roma financia y equipa a milicias disfrazadas de guardacostas para frenar la llegada de personas a sus costas devolviéndoles en caliente a Libia, Bija fue promovido a responsable de la Guardia Costera de Zawiya, uno de los puertos más activos por su proximidad a Lampedusa. También se estableció la creación de centros de migrantes donde las violaciones, las torturas y la extorsión son constantes. Su ascenso se produjo pese a la exhaustiva documentación que le vincula a las Brigadas Suhada al Nasr, que controla el complejo petrolero de Zawiya así como un centro de detención de migrantes conocido por los abusos contra sus residentes: las mujeres llegaban a ser vendidas como esclavas sexuales.

Bija es sospechoso de hundir a disparos embarcaciones cuyos ocupantes rehusaban pagar su comisión para atravesar el Mediterráneo, según documentó el Consejo de Seguridad de la ONU en junio de 2017. El Ministro de Defensa italiano había advertido un mes antes que Bija “controla el contrabando desde Trípoli hasta la frontera con Túnez desde 2015”, lo cual no impidió que fuera un interlocutor en las discusiones sobre el tratado firmado entre Roma y Trípoli para “combatir la inmigración ilegal y el tráfico humano” que tan bien conoce. Las conversaciones auspiciadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se mantuvieron en el campo de refugiados de Cara di Mineo, en Sicilia, donde algunos refugiados le reconocieron y gritaron “mafia libia” a su paso. Bija, que fue acreditado como responsable del Ministerio del Interior libio para asistir a la reunión, solicitó fondos para frenar las salidas de migrantes, según la OIM, que lamentó haberle invitado. La ONU le incluyó en la lista negra como uno de los más brutales explotadores de migrantes. La cooperación de la OIM con él terminó en ese momento. 

Su falta de escrúpulos y su impunidad le llevó a dejarse grabar mientras robaba los motores de las barcazas que interceptaba. Buscado por la Interpol, terminó siendo arrestado en octubre en Libia, pero la pasada semana fue absuelto por la fiscalía local y regresó a la localidad de Zawiya con gran fanfarria. Bija ha sido ascendido, tras ser puesto en libertad, a mayor de la fuerza costera de la que se sirve para extorsionar y asesinar a inmigrantes, lo que perpetuará sus crímenes, y las autoridades europeas lo saben. La filtración de 30.000 páginas de transcripciones de comunicaciones de la guardia costera libia, recopilada por fiscales italianos, revelan que Roma es consciente de una incompetencia manifiesta por parte de su contraparte árabe a la hora de rescatar embarcaciones en peligro, y también de su indiferencia hacia las leyes internacionales. 

El documento se incluye en la investigación de la fiscalía siciliana sobre la presunta complicidad de las ONG y las mafias de personas, pero en lugar de ensuciar a los humanitarios demuestra la indiferencia libia hacia los naufragios. En una de las conversaciones transcritas, un coronel de la Guardia Costera libia rehúsa, avisado por los italianos, de asistir a 10 embarcaciones en peligro porque “es nuestro día libre”. Ese mismo fin de semana, la OIM informó del ahogamiento de al menos 126 personas. 

No es una sorpresa en UE, consciente de haber vendido su política migratoria a los agentes que promueven o, en el mejor de los casos, ignoran las muertes en el mar. En un informe clasificado de los responsables de la Operación Sofía, citado por The Guardian, se puede leer que “la comunicación de la Guardia Costera libia sigue sin ser de un nivel aceptable” y que “la falta de información de la Sala de Operaciones Conjuntas sigue siendo un problema”. El informe destacaba "una situación de infraestructura crítica (sistemas de comunicación limitados, suministro de energía, teléfonos y computadoras personales)" y dijo que la situación estaba "además negativamente condicionada por una presencia limitada de personal con conocimientos insuficientes del idioma (inglés)".

Desde el Open Arms, la noticia no sorprende. Los avisos a Libia nunca tienen respuesta, salvo casos puntuales en los que las autoridades europeas les ordenan actuar. Durante la misión 82, se pudo documentar una devolución en caliente ordenada por el Gobierno de Malta a sabiendas de lo que espera a los náufragos a su regreso a Libia.

Lejos de ser una solución, la Guardia Costera libia es un problema para la migración. Italia, y por extensión Europa, prefiere pagar a otros para que maten, por activa o por pasiva, a potenciales demandantes de asilo antes que articular una política migratoria fiel a los derechos humanos y sus obligaciones internacionales. Precisamente por ello debería responder de los crímenes encargados a sus mercenarios. 

Mónica García Prieto es periodista

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