La espuma de la actualidad está entretenida con unos mensajes de WhatsApp del presidente Sánchez y su exministro y hombre de confianza José Luis Ábalos que suben la temperatura de la caldera política madrileña. El contenido de los mensajes no pasa del chisme de ver cuál es el tono del presidente del gobierno en privado con su hombre de confianza, pero como el medio es el mensaje, la publicación de sus palabras también es una advertencia. Por diario interpuesto, a Pedro Sánchez se le hace llegar que su vida diaria es un susto permanente y que los amigos íntimos y el poder pueden convertirse en una bomba de relojería.
Mientras tanto, en Barcelona, el gobierno de la Generalitat comienza a experimentar las primeras crisis y el desgaste de la frágil mayoría parlamentaria. Salvador Illa está trabajando a conciencia su imagen, su presencia y el apoyo mediático español. Erigido en adversario de la presidenta madrileña, el objetivo de Illa es convertirse en su antítesis, rebajar la animadversión hacia Catalunya con el horizonte de la negociación del nuevo sistema de financiación y quizás construir la alternativa a Sánchez para cuando llegue el momento.
Periodo de gracia
En Catalunya, el periodo de gracia se ha terminado y sus socios los hacen sudar para cada medida a la Generalitat y al Ayuntamiento. Ya sea la ampliación de crédito presupuestario, la tasa turística o el 30% de la reserva de suelo de vivienda pública al Ayuntamiento.
Si los socios los hacen sudar con cada medida, la oposición no está dispuesta a dar oxigen ni en los temas más sagrados, como por ejemplo la lengua. El president Illa ha conseguido firmar el Pacte Nacional per la Llengua con sus socios de investidura y las principales entidades culturales del país, pero Junts ha dejado claro una vez más que no dará ni agua al presidente socialista. Para Puigdemont, una cosa es negociar enseñando los dientes en el Congreso de los Puigdemont y otra dar oxigen al inquilino de la Generalitat de Catalunya. El incumplimiento de la amnistía del president Puigdemont dificulta todavía hoy las relaciones políticas entre partidos y también la actualización y la renovación de Junts. El silencio interno no se romperá hasta que Puigdemont vuelva.
La gestión política ha chocado esta semana con la crisis por la gestión de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) en el caso de una niña a cargo de la Generalitat a la que una red de pederastas violó y grabó reiteradamente cuando tenía doce años. La niña, con una biografía ya muy complicada, vivía en un centro de menores. La fiscalía pide 70 años de cárcel para T.L.M., un hombre de 40 años que resultó ser el cerebro de una macrored de violencia sexual contra menores y de pornografía infantil que ha llevado a la justicia a abrir hasta tres causa. La operación policial acabó con quince detenidos y al menos once víctimas identificadas y catorce sin identificar.
Este caso se suma a las investigaciones de Antifraude y las sindicaturas de Greuges y de Comptes anunciadas por este diario con publicaciones de Albert Llimós en enero y en marzo. Son denuncias contra dos entidades que habrían estado percibiendo dinero público destinado a la atención de niños y jóvenes por servicios que no se habrían prestado. Se habrían falsificado las firmas de chicos que no habrían ocupado las plazas destinadas a programas de inserción laboral.
Está claro que los problemas de la DGAIA no son nuevos, pero el Govern tiene poco tiempo para presentar un plan creíble de transformación íntegra de los servicios que se prestan a estos 9.000 niños y niñas en riesgo de exclusión. No es un tema fácil i requiere valentía para que no quede en manos de los xenófobos que van ganando terreno en el debate público.
Alud de llegadas
Según el informe sobre los derechos de los niños y adolescentes de diciembre de 2021 de la Sindicatura, el presupuesto de la DGAIA se incrementó un 39,8% en el período 2016-2020. De hecho, el país hizo frente a una oleada de llegadas masivas a la que se respondió, a diferencia de lo que ocurrió en otras muchas comunidades autónomas. La sociedad exigía que los chicos que se agolpaban en las comisarías de los Mossos fueran acogidos, y la gestión tenía que ser rápida y no fue pulcra.
De las 362 llegadas anuales al sistema que se produjeron en 2015 se pasó a 639 en 2016, a 1.437 en 2017, a 3.710 en 2018, a 2.219 en 2019 y a 808 en 2020, para recuperarse a 1.268 en el 2021. La administración se encuentra a menudo con la necesidad de responder a situaciones de emergencia de forma pulcra pero rápida, y es evidente que la maquinaria administrativa o es excesivamente pesada o tiene el riesgo de estar afectada por la corrupción o la mala praxis. De esto no se escapa el tercer sector. Son necesarias unas políticas públicas que garanticen la inclusión y la protección de los niños y adolescentes, especialmente los que están en situación de vulnerabilidad. Pero también garantizar que la corrupción o la dejadez no desactiven el apoyo de los ciudadanos a poner medios que aseguren la protección efectiva de los derechos de los niños y adolescentes, con especial atención a los que se encuentran en riesgo de exclusión social. La falta de cohesión social es una autopista para el fracaso colectivo.
