Déficit fiscal: ¿hasta cuándo lo aceptaremos?

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Pedro Aragonés y Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.

Si algo genera amplios consensos en Catalunya es el rechazo al déficit fiscal que año tras año y década tras década tenemos que soportar a todos los catalanes, tanto los que son independentistas como los que no lo son. Cataluña es, hoy, el segundo territorio del Estado que más dinero aporta, pero, en cambio, si fijamos el dinero que le devuelve, está en la décima posición. Según los cálculos de la Generalitat, sólo entre 2019 y 2021 Catalunya aportó 63.000 millones de euros a las arcas del Estado que no han devuelto, lo que representa, de media, 8.133 euros por cada ciudadano de Catalunya.

La denuncia y la conceptualización del déficit fiscal empezó a tomar forma en los años 90 del siglo pasado, y fue incorporada progresivamente en los discursos, en los programas electorales y después en los pactos políticos hasta convertirse en un elemento esencial y transversal del debate político. La publicación de las balanzas fiscales fue, durante tiempo, un importante objetivo político. Sin embargo, en los años más intensos del proceso de independencia la reivindicación de un trato fiscal justo se superó por elevación y quedó relegado a un segundo plano. Pedir una financiación que no fuera discriminatoria era, en aquel contexto, una posición autonomista y conformista, pero ojalá nunca se hubiera descuidado este debate.

Pasan los años y la historia se repite. El déficit fiscal se perpetúa, las balanzas fiscales se dejan de publicar sin más explicación, el modelo de financiación lleva una década caducado, las inversiones del Estado en Cataluña se quedan en un porcentaje de ejecución que da risa, y quién días pasa años empuja. Mientras, la cruda realidad, que castiga a los servicios públicos de los catalanes y las catalanas, clama al cielo. En el proyecto de presupuestos de la Generalitat para el 2024 que acaba de presentar el Govern, se cifra en 21.982 millones de euros el déficit fiscal de Catalunya con el Estado en el 2021, lo que representa un 9,6% del PIB catalán, e indica que, de media entre 1986 y 2021, el déficit fiscal se ha situado en el 8,1% del PIB. Pero aquellos que ridiculizan el déficit fiscal diciendo que es una letanía de los catalanes insolidarios, continuarán haciendo caricatura y dirán que todo es culpa del dinero que se destina a TV3 ya las delegaciones en el exterior.

Es una buena noticia que una veintena de entidades económicas y sociales, con las principales patronales y sindicatos a la cabeza, haya vuelto a denunciar en un manifiesto hecho público esta semana el maltrato fiscal que recibimos a los catalanes. Como también es una buena noticia que, por tercer año consecutivo, algo que no ocurría desde hace 15 años, la Generalitat pueda aprobar sus presupuestos, que como siempre quedarán cortos por la asfixia fiscal que sufrimos.

El acuerdo alcanzado por el presidente Pere Aragonès con el Partido Socialista hace que la mayoría absoluta para aprobar las cuentas del 2024 dependa de sólo dos diputados que voten a favor o cuatro diputados que se abstengan. Con la experiencia de los dos presupuestos anteriores, sería de esperar que sean los Comunes de Jéssica Albiach quienes acaben sumando los votos necesarios para confirmar la aprobación, pero como siempre ocurre en política, estamos en los días de la escenificación y ahora toca llevar la negociación al límite, con el pretexto del proyecto del Hard Rock que tan enconadamente defiende Salvador Illa, aunque eso no tenga nada que ver con los presupuestos.

Los Comunes, como es razonable en la dinámica política, deben poder capitalizar alguna contrapartida política por el apoyo de sus ocho diputados en las cuentas. En pocos días veremos qué da de sí la negociación. Ante unos presupuestos que invierten más dinero que nunca en educación, salud o investigación, les será difícil alinearse con el ala derecha del Parlament para descarrilar las mejoras proyectadas. Y seguro que también tienen presente que los votos de Esquerra son indispensables para que se puedan aprobar los Presupuestos del Estado donde sus compañeros de filas gobiernan en coalición con el PSOE. Los Comunes tienen más que ganar que perder apoyando los presupuestos de la Generalitat. Y el conjunto de la ciudadanía también.

Por su parte, Junts ha optado por no jugar la partida de los presupuestos. Hacer propuestas con el único fin de conseguir que sean rechazadas es un truco muy viejo en política. Pretender mostrar generosidad cuando en realidad sólo se busca el desgaste del adversario en este punto de la película sirve para poco. De hecho, sólo sirve para demostrar que dejas que los demás realicen su trabajo desde la comodidad de la oposición. Todo está enfocado a demostrar la debilidad del Gobierno de Pere Aragonès, pero los hechos son tozudos: previsiblemente aprobará los terceros presupuestos consecutivos y agotará una legislatura de 4 años, algo que no ocurría desde el 2010. Ojalá la unidad que no existe en la aprobación de los presupuestos esté ahí para utilizar la fuerza política en Madrid en defensa de una financiación más justa. Hay que pasar palabras a los hechos.

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