La unión económica y monetaria (UEM), o sea el gobierno del área euro, suspendió el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) poco después de generalizarse los confinamientos masivos para resistir el impacto de la epidemia de la cóvido-19. Esto permitió aceptar déficits públicos superiores al 3% del PIB y niveles de endeudamiento superiores al 60% del PIB. Anteriormente, si se superaban, debían someterse a la UEM y poner en marcha un plan de ajuste. Esta exigencia se suspendió durante cuatro años. Los estados más insistentes en el cumplimiento del PEC (los defensores de la austeridad) llevan tiempo deseando volver a aplicarlo. Precisamente, durante la presidencia española de la Unión Europea (UE) se han cerrado los acuerdos sobre cómo regresar a la senda de la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, flexibilizando la rigidez anterior. En cualquier caso, el año 2024 es de tráfico entre los años de excepcionalidad y la vuelta a la normalidad presupuestaria. La consellera Natàlia Mas ha insistido en la presentación del presupuesto de la Generalitat para 2024, mencionando que teníamos la última ventana de oportunidad para hacer un presupuesto expansivo. Ya no lo podrán ser los de los próximos años. Deberán generarse superávits que reduzcan los niveles de endeudamiento existentes actualmente.
Ciertamente, aunque los tipos de interés no sean los de dos dígitos de hace treinta años, cuando te has acostumbrado a tipos de interés prácticamente nulos o negativos, cuesta volver a la banda en torno al 4% anual. El impacto sobre las cuentas públicas es inmediato y puede llegar a ser enorme. Puede volver a convertirse en el segundo mayor gasto de las administraciones públicas, tras las pensiones de jubilación.
¿Cuál es la mayor amenaza de nuestro entorno? Como todo el mundo habrá podido observar, se trata de la guerra. El peligro de un conflicto militar en Europa, de mayor o menor intensidad, es muy real en relación con la posible expansión territorial, hacia otros países, de la invasión rusa de Ucrania. Lo recuerda la presidenta de la Comisión Europea. Lo recuerda el presidente de la República Francesa. Lo recuerda el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Lo recuerda el presidente de Rusia. La situación geopolítica mundial es tal que se perciben ganas de guerra. Trump anuncia que, si gana, Estados Unidos se desentiende de defender a Europa. Putin anuncia que toda Europa está al alcance de las armas "no convencionales" (nucleares) rusas. Todo ese ruido, tan peligroso y estremecedor, obligará a que todos los países europeos tengan que dedicar más recursos a defensa. Lo recordaba muy bien el dossier del ARA del pasado domingo. Si Estados Unidos de Trump reclama que cada país europeo que forme parte de la OTAN contribuya con un gasto militar equivalente al 2% de su PIB, España está muy lejos. Nos guste más o menos, en los próximos años habrá más gasto militar, y será imposible impedirlo porque la causa será una obligación moral y un imperativo del emperador del imperio –Donald Trump–, que quiere que los europeos se paguen su propia defensa.
Aumentar el gasto militar no es cómo aumentar otros gastos. No es sólo contratar a más personal o pagar más munición. Se trata de equiparse con armamento moderno, extremadamente caro, para contribuir a la defensa de Ucrania ya la de toda la frontera de la OTAN con Rusia. Incluso los países más alejados de la línea del posible frente tendrán que hacer esfuerzos presupuestarios y llevar rápidamente el gasto al nivel del 2% del PIB. Ahora España (ver el artículo de Gerard Fageda en el ARA del pasado domingo) sólo le dedica el 1,26%. Es el tercero por la cola, sólo por encima de Luxemburgo y Bélgica. Situarse en el 2% significa, en España, que es necesario aumentar el gasto militar en un 0,74% del PIB. Dado que esta magnitud está rondando los 1,5 billones de euros, hablamos de más de once mil millones de euros. Además, si los tipos de interés suben desde niveles muy bajos hasta niveles moderados, pueden exigir otro ingente esfuerzo presupuestario. La deuda pública del Estado –todas las administraciones– se acerca a 1,6 billones de euros. Pagar los intereses costó en el 2023 unos 36.000 millones, lo que significa un 2,25%. Si los tipos de interés se van consolidando en el 3,25% –un punto más–, la factura asciende a 16.000 millones de euros más.
Por otra parte, esta desviación de recursos hacia el pago de intereses de la deuda tiene un impacto contractivo sobre la economía –se perderán puestos de trabajo y se recaudarán menos impuestos–. Se activa el círculo infernal de la recesión. Quizás los esfuerzos militares justifiquen excepciones en la aplicación del PEC. En cualquier caso, si todos los países europeos gastan más en gasto militar pedirán más ahorro de los particulares y la deuda pública se encarecerá. Muy fácilmente vemos que la bola que se pondrá en movimiento es de gran tamaño. Puede activarse en cualquier momento.
