Una destitución que no aclara el escándalo
BarcelonaLa directora del CNI, Paz Esteban, se ha convertido este martes en el primer cargo que deja su puesto por el escándalo del espionaje. Han tenido que pasar más de tres semanas desde la publicación en New Yorker del escándalo del espionaje a una sesentena de independentistas catalanes para que alguien asumiera responsabilidades políticas. Pero, claro, a pesar de que todo el mundo entiende que el gesto de Pedro Sánchez busca reconducir la relación con sus socios, en especial con ERC, resulta que formalmente Esteban no ha perdido el cargo por este escándalo, sino por no haber evitado la intrusión del programa Pegasus en los móviles de importantes miembros del ejecutivo, empezando por el mismo presidente del gobierno. A mayor abundamiento, según la ministra de Defensa, Margarita Robles, el CNI no ha hecho nada malo en cuanto al independentismo porque todo ha sido legal, y el relevo de Esteban no es ni siquiera una destitución, sino una "substitución".
Ahora la pregunta es: ¿basta con esto? Y la respuesta claramente es que no. De hecho, el relevo de Esteban por la actual secretaria de estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, no supone ningún cambio en el CNI y no asegura que no se vuelva a repetir el escándalo. De hecho, todavía no se ha aclarado el espionaje detectado por el Citizen Lab, y tampoco se ha justificado la intromisión en los móviles de decenas de independentistas, entre los cuales el actual presidente, Pere Aragonès, que tienen el aval judicial. Las preguntas se acumulan: ¿de verdad el CNI estaba espiando a Aragonès sin que el gobierno español supiera nada?, ¿quién dio la orden o al menos el visto bueno?, ¿qué motivación jurídica puede justificar la intervención de una persona que en aquel momento era el vicepresidente y conseller de Economía de la Generalitat?, ¿qué se ha hecho con toda la información extraída de estos teléfonos?, ¿se vulneró el derecho a la defensa espiando a abogados?
Pedro Sánchez puede tener la tentación de pensar que con este gesto tendrá suficiente para rehacer la mayoría parlamentaria, pero se equivocará y mucho. El gobierno español en ningún momento ha parecido consciente de la dimensión del escándalo del espionaje y de sus implicaciones. Y tiene que resolver una contradicción: no se puede considerar a los independentistas como una amenaza para el Estado y a la vez tenerlos de socios parlamentarios. La directora del CNI reconoció a la comisión de secretos oficiales que había muchas más personas espiadas con aval judicial y que el independentismo continuaba siendo un objetivo de los servicios secretos. Por lo tanto, no hay ninguna garantía de que se acabe con este espionaje masivo a un movimiento político.
Sánchez tiene que emprender una verdadera limpieza en los servicios secretos si no quiere ser un rehén del deep state, tiene que cambiar la ley del CNI y también la de secretos oficiales, que data del régimen franquista, para que no pueda haber casos de espionaje como este. Tiene que desclasificar las autorizaciones judiciales y aceptar una comisión de investigación. Porque esto no se arregla prejubilando a una funcionaria que cumplía órdenes, sino con una reforma en profundidad de los servicios secretos.
