La intuición parece clara: si una puñalada, una agresión o un secuestro empujan a la víctima a sostener un proceso judicial, ¿por qué no debería pasar lo mismo con una violación? Esta comparación, aparentemente lógica, parte a mi entender de un error. Asume que todos los delitos generan la misma experiencia de victimización. Y no es así.
La violencia sexual tiene una particularidad: a menudo la víctima no solo tiene que soportar el trauma de lo sucedido sino también el peso del juicio social. Allí donde otras víctimas reciben apoyo y solidaridad, las mujeres que denuncian violencia sexual saben que a menudo tendrán que responder preguntas que no se formulan en otros delitos (¿por qué estaba allí?, ¿por qué no se fue?, ¿por qué no lo denunció antes?). Por razones similares, el proceso judicial a menudo se convierte en una experiencia de revictimización.
Estas preguntas forman parte de una cultura, machista y persistente, de sospecha hacia las mujeres. El fantasma de la denuncia falsa continúa apareciendo en el debate público aunque los datos muestran que es extraordinariamente minoritaria. Las memorias de la Fiscalía apuntan que las denuncias falsas por violencia machista representan aproximadamente el 0,02% del total. Al mismo tiempo, se calcula que el 90% de los casos de violencia sexual no se denuncian.
La dificultad para denunciar se multiplica cuando la persona denunciada es una figura pública. En estos casos, la denuncia abre un proceso judicial pero también un escrutinio mediático y social intenso. La víctima sabe que el relato de los hechos puede ser debatido en las redes, analizado en los medios y convertido en materia de confrontación política o ideológica. El peso de la sospecha, de la presión y de la exposición pública se multiplica.
Como ha explicado la antropóloga feminista Rita Segato, la violencia sexual no es solo una agresión directa, es también una violencia simbólica que opera sobre el cuerpo y la reputación de las mujeres. Por eso muchas víctimas experimentan sentimientos de vergüenza, culpa o confusión que no aparecen con la misma intensidad en otros delitos. Gisèle Pelicot, al hacer público su proceso judicial, consiguió revertir este mecanismo de control y presión, y la vergüenza cambió de bando. Pero el hecho de que este gesto aún nos parezca excepcional es muy elocuente.
Por eso comparar una violación con una puñalada puede ser útil para subrayar su gravedad penal, pero es insuficiente para entender qué pasa con las víctimas. La cuestión no es si una violación es menos grave que otros delitos, la cuestión es que la sociedad continúa exigiendo a las víctimas de violencia sexual una carga que raramente impone a otras víctimas. Y las víctimas no actúan según lo que la sociedad espera de ellas. Actúan como pueden, según lo que pueden sostener. Y quizás la pregunta que deberíamos hacernos no es por qué algunas mujeres no llegan hasta el final del proceso judicial, sino por qué denunciar continúa siendo, todavía hoy, una travesía tan dolorosa.
