Fabricar viviendas, necesaria pero no suficiente

El de la vivienda es un problema que ha ganado protagonismo entre las preocupaciones de los ciudadanos en los últimos años. Unos precios cada vez más elevados por una oferta que no acompaña a la demanda y un mercado del alquiler menguante y extremadamente caro configuran el panorama actual. Y ha disparado el malestar de cada vez más ciudadanos, especialmente a los más jóvenes. Las administraciones, que durante muchos años han dejado en manos del libre mercado el funcionamiento del mercado de la vivienda, ahora tienen prisa por resolver un problema que requiere tiempo: un parque de viviendas no se hace de un día para otro. La tendencia hasta ahora nos ha llevado a unos niveles de vivienda pública y/o protegida que nos sitúan en la cola de Europa.

Ya está bien que empiece a haber iniciativas en una materia en la que las autonomías y los ayuntamientos tienen mucho que decir, especialmente en lo que respecta al suelo, uno de los elementos esenciales para poder impulsar una oferta que siga la ruta que marca la demanda.

En Catalunya, el Govern ha dado algunos pasos, como el de las licencias exprés para facilitar no tener que esperar antes de empezar a mover tierras para hacer vivienda protegida; una prórroga al menos hasta 2027 para evitar que 36.000 viviendas protegidas pasen al libre mercado, o la ampliación de los supuestos en los que la administración puede ejercer el derecho de tanteo y retracto. Son medidas incluidas en un decreto que se pudo convalidar in extremis en el Parlament a principios de este mes y que forman parte de la estrategia del ejecutivo de Salvador Illa.

En este contexto se enmarca el anuncio del presidente Pedro Sánchez de destinar 1.300 millones de euros del fondo europeo Next Generation a promover la edificación industrializada, como vía para incrementar la oferta de forma más tecnológica, segura, eficiente y sostenible. Una de las necesidades del mercado es la necesidad de incrementar la oferta de forma más rápida y eficiente, combinándolo con el respeto al medio ambiente. De esta forma se podrían poner en el mercado unas 15.000 casas al año y más de 20.000 dentro de diez años, según las estimaciones del gobierno español.

Y es que una de las variables que necesita el mercado de la vivienda es la asequibilidad, es decir, una oferta con precios más adecuados al nivel medio de rentas de la ciudadanía, alejando el riesgo de que el objeto de uno de los derechos que reconoce la Constitución (el derecho a una vivienda digna) se convierta en un artículo de lujo y al que sólo puedan acceder las personas y sólo puedan acceder las personas y.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que el abaratamiento de las hipotecas continúa, y los bancos prevén que esto continuará así en los próximos meses, ya que, si no hay cambios bruscos en la geopolítica, al Banco Central Europeo (BCE) todavía le quedan algunos recortes de los tipos de interés. Pero lo que es, en principio, una noticia positiva no hace más que presionar a la demanda. Y, dado que la oferta sigue sin crecer de forma suficiente, habrá que ponerse las pilas para incrementar las viviendas y, además, en los lugares a los que realmente se necesitan. La industrialización de las viviendas puede ayudar, pero seguramente no será suficiente.